El pacto entre ERC y PSC: un giro inesperado en la financiación autonómica

Durante las últimas décadas, el debate sobre la reforma de la financiación autonómica en España ha girado en torno a un enfoque escalonado y federalista, con el fin de construir una arquitectura financiera multinivel basada en la suficiencia y la equidad. El reciente acuerdo entre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partido de los Socialistas de Catalunya (PSC) sobre financiación autonómica ha generado un debate en torno a las consecuencias de un modelo “singular” para Cataluña. El documento parte de un diagnóstico en el que se sostiene que la comunidad sufre una insuficiencia estructural en su financiación, lo que limita el gasto en políticas públicas esenciales. Este déficit, según el acuerdo, sería consecuencia de la solidaridad excesiva con el resto de los territorios del Estado español. Sin embargo, cuando se analizan los datos en Cataluña se observa que no existe tal insuficiencia y que su financiación se sitúa en la media de la población ajustada.

Para hacer frente a la presunta insuficiencia de recursos, PSC-ERC proponen impulsar un sistema que avance hacia la plena soberanía fiscal de Cataluña, lo que significa el establecimiento de una relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los tributos estatales, así como la cesión de sus rendimientos a la comunidad autónoma, a cambio de una aportación o cupo para financiar los servicios generales del Estado, además de una cuota de solidaridad que complementase la financiación de otros territorios con menor renta. Esta declaración de intenciones entra en conflicto con el argumento anterior de una insuficiencia estructural en la financiación de Cataluña. Si se reclama la llave de la caja con el fin de incrementar sus ingresos al albur de su “singularidad”, esto provocaría automáticamente una reducción de los recursos disponibles para el resto de las comunidades autónomas y para la Administración General del Estado.

Más allá de esta evidencia, la experiencia vasca sugiere que la solidaridad se diluye en cuanto los votos de los partidos nacionalistas se convierten en decisivos para mantener al gobierno central. Desde 1981, año en que se pactó el concierto vasco, el índice de imputación del cupo no ha variado, hasta el punto de que su resultado en 1997 era negativo, lo que implicaba que el Estado debía pagar al País Vasco. Esta absurda situación propició los ajustes técnicos necesarios para vestir el acuerdo político, volviéndolo de nuevo positivo mediante la transferencia de algunos impuestos especiales. El tiempo transcurrido desde entonces ha demostrado que no es una buena idea incluir elementos de carácter confederal en el sistema institucional español, que solo han hecho ahondar en la desigualdad.

La propuesta de ERC y PSC apunta en esa dirección, lo que revela que el nuevo modelo sería menos eficiente y equitativo para el conjunto del país. La ciudadanía tiene derecho a saber que la singularidad a la que se refiere el acuerdo significa, de facto, un cambio con repercusiones en todo el territorio nacional. La administración central renunciaría a recaudar impuestos en una parte del territorio, que representa más del 20% del PIB, algo que no sucede en ningún otro país federal. Esta decisión tendría un impacto directo en la financiación de los servicios básicos del Estado de Bienestar. Y, a partir de ahí, ¿de qué manera podría garantizarse que el Estado disponga de los recursos suficientes para atender sus gastos? Solo a través de un incremento de impuestos que recaerían exclusivamente en los territorios de régimen común, una reducción de prestaciones (pensiones incluidas) y/o un aumento de la deuda pública, que las nuevas reglas fiscales europeas no permiten.

Las cartas están boca arriba, aunque de manera deliberadamente ambigua. La reforma del sistema de financiación es una necesidad, cabe profundizar en las competencias singulares de cada territorio, corregir las disfuncionalidades existentes, respetar la ordinalidad bien definida y recalcular las necesidades de gasto a través de una correcta aproximación a la población ajustada. Al mismo tiempo, es esencial llegar a un acuerdo y dar salida a la situación de deuda pública acumulada mediante los mecanismos extraordinarios de liquidez, con un enfoque multilateral y solidario, que evite fracturas innecesarias y camine hacia un sistema cuidadosamente diseñado para preservar la cohesión territorial y el reparto justo de recursos entre todas las comunidades autónomas, sin necesidad de romper el molde.