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El conflicto abierto por el Gobierno de Uruguay contra el astillero vigués Cardama tras la cancelación del contrato de dos buques patrulleros -por presuntas irregularidades y fraude con los avales- desembocará, previsiblemente, en un arbitraje internacional. Según pudo constatar este diario, la compañía naval solicitó que se inicie este procedimiento, tal y como consta en la petición presentada ante la Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio con sede en París.
El astillero busca así defenderse de las acusaciones de “grave incumplimiento” que el Ejecutivo uruguayo asegura que hizo Cardama del contrato valorado en 82 millones.
La reacción del equipo del presidente Yamandú Orsi no se hizo esperar. Transmite “mucha tranquilidad” y califica de “bastante débil” la solicitud realizada por la empresa. En todo caso, el gobierno ya entró en contacto con un bufete de abogados para hacer frente a este procedimiento, que se prevé largo si fructifica.
El astillero, por su parte, eludió hacer valoración alguna al respecto respetando la confidencialidad del documento, si bien en su día -cuando Uruguay anunció la cancelación del contrato- aseguró que iniciaría acciones legales por daños y perjuicios.
Una de las dos embarcaciones se encontraba en una fase muy avanzada de construcción y la otra con la puesta de quilla, pero ambos están paralizados, mientras el Ejecutivo uruguayo busca un nuevo contratista. Está analizando otras propuestas para construir los barcos, entre ellas el fabricante español Navantia junto con otros astilleros de China, EE. UU. o Colombia, entre otros.
El contrato original había sido firmado el 15 de diciembre de 2023 por el Ministerio de Defensa de Uruguay durante el mandato del expresidente Luis Lacalle Pou. El actual presidente, Yamandú Orsi, anunciaba hace unos meses la decisión de cancelar el pedido por supuestos “incumplimientos contractuales graves" en cuanto a las dos garantías, que el astillero vigués niega. Se trata del mayor pedido de Cardama en sus 100 años de historia.
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