Comer no debería ser un lujo

Al hablar de alimentos, solemos pensar en sabor o precio, pero la realidad es mucho más compleja. Hoy, los consumidores sitúan la seguridad alimentaria como el tercer criterio de compra, por detrás del coste y el gusto. Sin embargo, esa misma seguridad se ve amenazada en un contexto donde los precios han subido más de un 34 % en pocos años, obligando a más del 70 % de las familias a reconocer dificultades para mantener hábitos saludables. No es un problema aislado: en Europa, casi uno de cada diez ciudadanos no puede permitirse una comida con carne o pescado cada dos días, algo que debería avergonzarnos como sociedad.

Frente a ello, surgen pequeños gestos de cambio, como el hecho de que casi nueve de cada diez personas se lleven a casa la comida que les sobra en los restaurantes. Es un avance en la lucha contra el desperdicio, aunque claramente insuficiente cuando se calcula que, de aquí a 2075, habrá que alimentar a miles de millones de personas más.

A este desafío global se suma la fragmentación política y regulatoria en Europa, que resta fuerza a la industria alimentaria para negociar y garantizar precios más justos, tanto para productores como para consumidores. Sin cohesión, será difícil afrontar un reto que no entiende de fronteras.

La alimentación no puede seguir tratándose solo como un producto de mercado. Debería considerarse un derecho fundamental, con políticas que aseguren el acceso a alimentos seguros, asequibles y sostenibles. ¿Debe integrarse plenamente en el Estado de Bienestar? El verdadero sabor de nuestra mesa no debería depender del azar de la renta, sino del compromiso colectivo con un futuro más justo. Pero, ante estas menudencias, la clase política se pone de perfil.

Pedro Marín Usón. (Zaragoza)