Situación límite de vigueses a los que piden devolver parte del Ingreso Mínimo Vital

La afectada A.P.G. y la sede de la Seguridad Social en García Barbón.
photo_camera La afectada A.P.G. y la sede de la Seguridad Social en García Barbón.
Afectados por las devoluciones del Ingreso Mínimo Vital critican la falta de transparencia de la Seguridad Social: "Antes erámos pobres y ahora, pobres muy endeudados"

Vigueses afectados por tener que afrontar la devolución de parte del Ingreso Mínimo Vital se encuentran en una situación límite. El cambio de criterio impuesto por el Ministerio de  Inclusión, Migraciones y Seguridad Social a una ayuda aprobada en 2020 con motivo de las dificultades provocadas por la pandemia, unido al desconocimiento de los perceptores totalmente involuntarios de una medida que se hizo de forma exprés hace que desde Hacienda reclamen unos pagos que se están tornando desmesurados y sin fundamento a ojos de los afectados. Y no han sido ni uno ni dos, sino varios centenares, solamente en Galicia. 

 

 

La perceptora A.P.G. recibió tras pandemia una carta que le asignaba cobrar una cierta cantidad por el Ingreso Mínimo Vital de oficio, sin realizar ningún tipo de petición: “Me quedé en paro tras la pandemia y estaba pasando una mala racha. Además, estaba divorciada y tenía a mi hija menor de edad a mi cargo”. A.P.G. recibía ingresos por la manutención de su hija y, además de ello, “unos puntos que, si aceptaba el Ingreso Mínimo Vital se me anulaba”, así como un subsidio durante 21 meses de algo más de 300 euros. “Entre el ingreso y el subsidio cobraba mensualmente 500 y algo en una época muy difícil para mí”. Tras superar el bache, empezó a trabajar, pero “debieron de cruzar datos en Hacienda, porque la percepción económica era a año vencido y en septiembre de 2022 me llegó una carta donde me reclamaban más de 5.000 euros”. Un dinero que consideró desmesurado al entender que posiblemente es necesaria una devolución por su parte, pero las cifras no concuerdan con sus cuentas: “Nada se corresponde y era una chapuza, porque las cuantías que me reclamaban estaban con tachones y realizadas a bolígrafo”. 

 

 

Luchó en los juzgados con un abogado de oficio para rebajar esa cuantía, pero perdió. Realizó otro recurso “de suplicación” donde aún se encuentra en marcha, y que posiblemente se conocerá su resolución a final de año: “Tal vez tenían que reclamar algo, pero no los 5.000 euros que piden. Además, existen muchas incongruencias y creo que la gestión fue pésima”. La falta de transparencia de la Seguridad Social, según la afectada, fue lo que más embarró la situación, con cambios de criterio sin comunicar que no ayudó a esclarecer la situación. “La pensión por maternidad no entraba en un principio, pero después de un año resultaba que sí contaba; pero ese dinero no es mío, es de mi hija y han entendido que era un ingreso para la casa”. 

Ahora, con una deuda de más de 5.000 euros que podrá abonar de forma fraccionada, la afectada no cuenta con ese dinero al invertirlo en un hogar, y asegura que a todos los que han recibido la misma noticia tendrán muchas dificultades para afrontar ese gasto: “Antes éramos pobres y ahora, pobres endeudados. Lo pedimos por necesidad, no por vicio y toda esta situación lleva generándome una terrible ansiedad durante tres años”. 

"Mendigar o delinquir"

J.B.M. es otro vigués afectado, aunque su caso es más peculiar. Perceptor del Ingreso Mínimo Vital con una dotación de 480 euros, el mes de abril su sorpresa fue mayúscula cuando encontró que solo había recibido 160, y que así sería durante los próximos seis meses para abonar una deuda que existía con la Seguridad Social: “Fui a reclamar, pero hasta en tres ocasiones no me fueron capaces de dar una solución, lo único que me decían era que mandase un escrito y ya se verá lo que pasaba”. Soltero y sin hijos, reconoce que tras muchos años en el paro sigue buscando trabajo pero “es muy difícil, y yo creo que este gesto es un movimiento político, porque nos quieren tener con el agua hasta el cuello para que nos pongamos a trabajar”. 

En su caso, el afectado asegura que lo que más daño le hace es la falta de transparencia y de soluciones, que lo lleva a sobrevivir con 160 euros al mes: “Te llevan a una situación donde lo único que te queda es delinquir o mendigar, y si lo haces te quitan el IMV”. Su indignación aumenta cuando “me indican que tengo que devolver una cuantía de 1.700 euros, pero no existe ninguna base ni directriz que indique eso”. 

La problemática, según el afectado, está golpeando a gente vulnerable y “que en muchas ocasiones no cuentan con estudios o muy limitados”, con algunos casos que desde la Seguridad Social ya reclaman cobros por encima de los 8.000 euros.

Dos de cada tres solicitudes del IMV son denegadas

Según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) dos de cada tres peticiones que se realizan para obtener el Ingreso Mínimo Vital en 2022 fueron denegadas. Una crítica que desde diferentes plataformas de afectados y colecitvos sociales han querido afrontar para que medidas como esta no caigan en saco roto. Ante ello se plantearon 30 medidas dirigidas al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para su cumplimiento. Algunas de ellas hacen referencia a acelerar los plazos de resolución a tres meses, ampliación a familias monoparentales o parejas de hecho o adecuar los ingresos no computables a la necesidad social existente. 

A nivel estatal se han realizado un total de 376.073 prestaciones del IMV básico, lejos de las 800.000 fijadas por el ministerio como objetivo. Esto hace que la mayoría de las familias que necesitan esa ayuda no han podido disfrutar de ella o, directamente, no la han solicitado. Además, desde plataformas apuntan que el oscurantismo y la falta de transparencia del ministerio hace que los afectados puedan perder fácilmente el ingreso pese a seguir en un estado de vulneración económica.  

Varios son los factores que pueden provocar la petición por parte de la Seguridad Social del importe, ya sea parcial o íntegro, del Ingreso Mínimo Vital. Una de ellas es no proporcionar la información correcta y beneficiarse de ello, aunque sea de una forma involuntaria. El no comunicar los cambios laborales existentes (si se comienza a trabajar) o viajar al extranjero sin avisar también puede ser motivo de penalización económica. No participar en los planes de inclusión del Gobierno también puede ser motivo de sanción. 

Sin embargo, el Gobierno en 2022 y con el endurecimiento de la guerra en Ucrania, sacó un real decreto que perdonaba la deuda existente en situaciones de una vulnerabilidad extrema, con afectados que tengan menores a su cargo o con una penalización menor de 314 euros. Ninguno de los dos casos de A.P.G. (su hija cumplió la mayoría de edad en 2021) y de J.B.M.

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