Los vaivenes sufridos en algunos sectores económicos dispararon también la actividad de los juzgados laborales, donde el número de trabajadores que interpusieron demandas aumentó notablemente. Hubo un incremento generalizado de asuntos del 18,9%, que se materializó en la subida de asuntos por despidos, tanto objetivos, como disciplinarios o por vulneración de derechos fundamentales. En números absolutos, el balance judicial en Vigo refleja un número de demandas de personal que se quedó sin trabajo de 1.350, frente a las 1.196 registradas a lo largo de 2022.
El ámbito de lo Social fue reforzado tras la crisis del covid con un juzgado más, el número 7, que la ciudad había estado reclamando durante años sin éxito. La avalancha prevista por la pandemia, sin embargo, fue superada en 2023, donde además hubo una subida en cuanto a reclamaciones por salarios y cantidades debidas por las empresas a los trabajadores.
Se mantuvieron por encima del millar las reclamaciones a la Seguridad Social, que siguen siendo altas a pesar de haberse frenado el aluvión de las demandas de complemento de maternidad a pensionistas tras las sentencias europeas, en las que priman entre otras las relativas al Ingreso Mínimo Vital o las prestaciones por incapacidad permanente.
Las demandas para poder conciliar la vida personal y familiar con la laboral así como la adaptación de jornada, en la que se incluye el teletrabajo siguen aumentando. Si antes del covid, los juzgados de lo Social apenas recibían este tipo de reclamaciones, el número se ha ido incrementando progresivamente. La cifra rozó el centenar, entre los que demandan el derecho a continuar trabajando de forma remota y quienes exigen una jornada reducida para poder compatibilizar las jornadas laborales con el cuidado de niños o familiares mayores dependientes.
Ante el Contencioso por responsabilidad patrimonial
Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la Administración siguen siendo mayoría en asuntos que llegan por vía Contencioso-Administrativa. La estadística de juzgados de 2023 refleja un aumento de causas en esta jurisdicción al pasar de 732 en 2022 a las 791 el año pasado. Pese a este incremento, fueron menos que las registradas en 2021, cuando se superaron las 800.
La mayoría de demandas por la mencionada responsabilidad de la Administración están vinculadas a negligencias médicas así como a accidentes provocados por el mal estado de las calles o elementos urbanos.
Junto a este tipo de reclamaciones se encuentran asuntos vinculados al personal funcionario y a recursos contra sanciones interpuestas, entre ellas multas de tráfico, por ejemplo. El mayor incremento no obstante se registró en demandas para reclamar la reposición de legalidad en materia de urbanismo, motivado por los cambios en el planeamiento. La cifra pasó de 29 en 2022 a un total de 69 en el pasado 2023.
