Suspender la regla de gasto en 2020, ampliar el uso del superávit de los años 2018 y 2019, medidas para aliviar a los municipios en peor situación económica, suplementos de crédito para atender las entregas a cuenta de las entidades locales en tributos del Estado, así como un procedimiento de tramitación urgente para las modificaciones de crédito son algunas de las medidas que el Ministerio de Hacienda ha propuesto a ayuntamientos y entidades locales. Tendrán un impacto de 3.000 millones con el objetivo de que cuenten con más recursos para hacer frente a la crisis del coronavirus.
Sin embargo, la ministra María Jesús Montero ha renunciado a incluir medidas sobre los remanentes de tesorería de los ayuntamientos (los ahorros de otros años, especialmente desde 2012, que suponen entre 10.000 y 15.000 millones de euros), por "falta de consenso" y tras perder la votación en el Congreso que tumbó el decreto ley que los incluía, según el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Aquel acuerdo incluía la cesión al Estado de los remanentes para que los devolviera en varios años, ya que los municipios no pueden gastarlos directamente porque computaría como déficit.
El objetivo del nuevo decreto, según explicó en una nota el Ministerio de Hacienda es recuperar el 85% de las medidas que ya se incluían en el derogado decreto.
Asimismo, María Jesús Montero manifestó en La Sexta que su intención es que la regla de gasto también pueda quedar suspendida para el año 2021, aunque esto no se abordará todavía en este decreto.
No obstante, la presentación del nuevo decreto, aunque no atienda esta cuestión, supone una rectificación por parte del Gobierno, en la medida en que la propia Montero descartó la semana pasada presentar desde el Ejecutivo una nueva iniciativa para recuperar las medidas que quedaron derogadas, e instó a los grupos a proponer alternativas.
En concreto, el nuevo decreto recuperará la suspensión de la regla de gasto para el año 2020. Esa regla, incluida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 impulsada por el anterior Ejecutivo del PP, restringía a los ayuntamientos el uso del superávit presupuestario, ya que solo permite a los consistorios destinar sus superávits para amortizar deuda o depósitos bancarios.
Ante la crisis del coronavirus, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 17 de marzo un decreto ley que contemplaba que las entidades locales pudieran destinar hasta 300 millones de euros del superávit de 2019 a financiar gastos de inversión en el área de servicios sociales y promoción social. Posteriormente, el Gobierno determinó que el importe máximo sería el 20% del superávit.
Ahora, el Gobierno volverá a proponer que se suspenda la regla de gasto en 2020 y, además, prorrogará el uso del superávit de 2019, cuyo impacto alcanza los 987 millones. Asimismo, se permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018, con un impacto de 621 millones.
Hacienda informa asimismo que en este nuevo decreto también recogerá las medidas relativas a aliviar la situación de los municipios en peor situación económica y un cambio en las normas esenciales para el cálculo de la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado de 2018, lo que supone para los ayuntamientos 634 millones. También se instrumentarán los suplementos de crédito para atender las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en tributos del Estado, que se calcularon sin tener en cuenta la pandemia y aumentaron en 821,9 millones.
