Reclama información clara sobre qué responderá el Gobierno tras el nuevo expediente por infracción abierto por Bruselas por la ampliación de las concesiones de la AP-9
La decisión de la Comisión Europea de incoar un nuevo expediente de infracción al Estado por las prórrogas de la concesión de la AP-9 -primero González, ya finalizada, y hasta 2048 Aznar en 2000- a Audasa movió a la Xunta, y también al Concello de Vigo y al BNG.
La conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, reclamó al Gobierno "transparencia" y "comunicación" para saber "exactamente" qué requerimientos fueron hechos y qué contestaciones se han dado, "de una autopista vertebradora para Galicia". "Creo que es clara la posición del Gobierno autonómico, al respecto de que debe verificarse la concesión de Audasa", dijo la conselleira, asegurando que puso el acento en que la compañía está obteniendo "excesivos beneficios año a año" y los peajes siguen aumentando para los usuarios.
Por su parte, por el BNG, Luís Bará anunció una "ofensiva" en Congreso, Parlamento de Galicia, Senado y Parlamento Europeo para reclamar anular la concesión de la AP-9, asumir la gestión directa por el Estado y su traspaso a Galicia, así como suprimir los peajes "abusivos". Considera una "oportunidad de oro" que la Comisión Europea haya abierto expediente por segunda vez a España por la prórroga concesional de la autopista. En este sentido, denuncia el "agravio" que vive Galicia frente a otras autopistas rescatadas en España que ahora son gratuitas, en lo que ve una "discriminación evidente" al sufrir los gallegos unos “peajes abusivos”.
La Comisión Europea señala incumplimiento de la legislación comunitaria sobre contratación pública y normativa sobre la concesión de AP-9 y AP-66, en Asturias. El Gobierno dispone ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias planteadas. La Comisión puede decidir llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.
