“Cobrando una ayuda de 550 euros al mes es imposible encontrar un alquiler, pero es que además, en cuanto comentamos que el Concello hará frente a las fianzas, entonces ya no hay ninguna opción. Nadie quiere a personas vulnerables”. Nerea, una de las afectadas por el incendio en un edificio de Alfonso X, en el que murieron una madre y sus tres hijos, se lamentaba ayer de la situación en la que ella, madre de dos niños, y el resto de personas que fueron trasladadas de forma provisional a un hostal, se encuentran tras terminar el dispositivo de emergencia. Ayer, estos afectados se concentraron delante de la Xunta para que intervenga, después de recibir una misiva del Concello anunciado que a partir de mañana debían hacerse cargo del pago del hostal o proceder a buscar una solución habitacional, “que no existe”, se lamentaban.
La situación generó un nuevo enfrentamiento entre Concello y Xunta. Desde el gobierno municipal se recordó que después el incendio se puso en marcha un dispositivo de emergencia que lleva funcionando más de seis meses, durante los cuales se ha estado sufragando el alojamiento y manutención de las doce familias y que, después de requerir la intervención de la Xunta, la conclusión fue que “no tiene viviendas en la ciudad, ni en el área para atender la situación de estas familias”. Afirmó el Concello también que ante esto se suscribió un contrato con una entidad especializada en captación de vivienda para personas vulnerables, que consiguió realojar a cuatro familias. Sin embargo, resaltó que las cuatro unidades de convivencia que todavía están en hoteles rechazaron una solución habitacional ofreciendo una mínima adherencia al seguimiento social para revertir su situación. Los afectados negaron haber rechazado propuesta alguna “no nos la hicieron solo nos enviaron una carta anunciando que dejaban de pagar a partir del día 2 de mayo ", explicaron.
La delegada de la Xunta, Ana Ortiz, por su parte, recordó que es el Concello el que tiene la competencia de atender a los afectados y que la Xunta ya ofreció colaboración en dos ocasiones al Concello, que fue rechazada. “Yo misma acudí a dos reuniones no solo para ofrecer ayuda y financiación, sino un convenio para colaborar”, aseguró mientras incidió en el que la Administración autonómica ya atendía a los menores fallecidos y la familia con ayudas como la Risga y volvió a reiterar su disposición a colaborar. La concejala Yolanda Aguiar salió al paso de estas declaraciones, considerando que “son de una cara dura sin precedentes”. La edil de Política Social incidió en que la Xunta con competencia exclusiva en viviendas protegidas “estuvo ausente durante seis meses en los que el Concello sufragó el hospedaje y manutención de las familias” y se preguntó "¿dónde está la propuesta de colaboración?"
