Lo público, al rescate de Sánchez

Por más que quien gobierne no lo entienda así, la Moncloa es la sede de la Presidencia del Gobierno, no un plató electoral; RTVE es una televisión pública, no la televisión del Gobierno; el CIS es un centro de investigaciones sociológicas, y no el centro de invenciones del sanchismo, y el BOE es un boletín oficial, y no el panfleto electoral del PSOE. Debería ser fácil de entender, sobre todo para quienes se erigen en valedores de lo público. Sin embargo, durante los últimos años, Pedro Sánchez ha demostrado tremendas dificultades no para entender los límites de lo público y lo partidista y la frontera entre lo institucional y lo propagandístico, sino para respetarlos. La Junta Electoral lo ha acreditado en más de una ocasión.

El episodio más conocido se remonta a octubre de 2019. Sánchez concedió una entrevista desde el Palacio de la Moncloa en plena campaña electoral y la difundió también a través de los canales institucionales. La Junta Electoral Central le impuso una multa de 500 euros en enero de 2020. En junio de 2023 volvió a ocurrir. Esta vez, por unas declaraciones realizadas en Bruselas, tras el Consejo Europeo, que la Junta consideró contrarias a la neutralidad exigible durante el periodo electoral. La multa ascendió a 2.200 euros. Calderilla.

La historia ha tenido nuevos capítulos en octubre de 2026. La Junta Electoral abrió un expediente por la rueda de prensa celebrada en la Moncloa el día 6, en la que Sánchez anunció medidas de vivienda y realizó valoraciones sobre la gestión de su Gobierno. E hizo lo mismo por el vídeo grabado ante el “Guernica”, en el Museo Reina Sofía, que el presidente difundió en sus redes el 24 de octubre, y cuya grabación la Junta instó a retirar.

Son hechos que se repiten y no por casualidad, sino por la evidente falta de respeto que el presidente tiene de los límites entre su responsabilidad institucional y su actividad política. Porque una cosa es que explique lo que hace y otra que utilice los recursos y los escenarios de su cargo como si fueran parte de su campaña. La Moncloa tiene una enorme capacidad de comunicación, dispone de medios públicos y ofrece una visibilidad que ningún candidato puede igualar. A Sánchez no le vale esta ventaja, de forma que malea todos los instrumentos a su alcance y burla las reglas que deberían garantizar las oportunidades de quienes no gobiernan pero aspiran lícitamente a hacerlo.

El CIS, más conocido hoy por “el CIS de Tezanos”, es un ejemplo palmario de ese uso perverso de lo público. José Félix Tezanos llegó a su presidencia en junio de 2018 después de una larga trayectoria en el PSOE y de haber formado parte de su dirección. Desde su nombramiento, las estimaciones electorales del centro han jugado siempre a favor de los intereses del jefe, por muy inverosímiles que fuesen las conclusiones. A tal punto que el Senado creó una comisión de investigación sobre su gestión y concluyó con duras críticas y razonables dudas sobre la metodología, la imparcialidad del organismo y el uso científico del organismo

Tezanos podrá defender sus métodos y explicar sus resultados. Está en su derecho. Y los ciudadanos, en el de poner en duda los resultados de sus estudios, por la vinculación política de su presidente y por las conclusiones, siempre a medida, de lo que conviene al presidente Sánchez. Nunca se había retorcido tanto la demoscopia al servicio del Gobierno. Basta ver el último barómetro electoral del CIS, que contempla la victoria electoral del PSOE, frente a todos los demás estudios demoscópicos que reflejan una mayoría suficiente para gobernar de PP y Vox.

Con RTVE sucede algo parecido. En octubre de 2024, el Gobierno aprobó una reforma de su sistema de gobierno mediante el Real Decreto-ley 5/2024. La justificó por el bloqueo en la renovación de los órganos de la corporación. La norma modificó la composición del consejo de administración y las reglas para elegir a sus miembros. Sus detractores advirtieron de que los cambios podían aumentar la influencia de las mayorías políticas en la dirección de la televisión pública. Y la realidad ha sido una televisión pública cuya parrilla, desde los informativos hasta los programas de entretenimiento, ha sido reconstruida para defender y ensalzar al “líder absolutista” y, ahora, en pleno proceso electoral, para intentar rescatarlo de la caída.

Y está el BOE, que parece haber encontrado una nueva vocación: la de escaparate electoral. El Gobierno ha puesto en marcha una sucesión de consejos de ministros para aprobar medidas de contenido social en vísperas de las elecciones. El 10 de noviembre llegaron los decretos sobre dependencia y protección de las familias monoparentales, con un gasto anunciado cercano a los 2.000 millones de euros. Y para el viernes, primer día oficial de campaña, se convocó otro consejo de ministros, ahora para aprobar la revalorización de las pensiones. La agenda social, al parecer, también entiende de calendarios electorales.

Necesarios o no, la pregunta es por qué se acumulan ahora, por qué se multiplican las reuniones ministeriales y por qué se presentan como una sucesión de gestos políticos en plena campaña. Cuando las medidas sociales se convierten en anuncios seriados, cuidadosamente acompasados con el calendario electoral, el BOE se convierte en el diario de campaña del Gobierno y, una vez más, la frontera entre gobernar y hacer campaña vuelve a quedar bastante borrosa.

Lo único sagrado para Sánchez es su célebre “Manual de resistencia”, aunque su metódica aplicación en todos los órdenes del sistema acabe dinamitando la credibilidad de las instituciones y el futuro de su propio partido y sus vacaciones, pase lo que pase, a cuenta del Estado. Al final, serán los ciudadanos en general y sus militantes en particular quienes paguen los destrozos. Y llevará su tiempo pagarlos y restañarlos.