A los constantes problemas denunciados por los usuarios del servicio de transportes en el Val Miñor gestionado por la UTE Lugove se le suma uno nuevo. La empresa Raúl SA, que participa al 50% en la adjudicataria que relevó a ATSA hace dos años junto al Grupo Vectalia SA, asegura que los han dejado fuera de la gestión con deudas por prestación de servicios de cerca de dos millones de euros. El caso está en manos de la Justicia, aunque el inicio de las diligencias, previsto para hoy miércoles en el juzgado de Instrucción 1 de Tui a las 10 horas, finalmente tendrá que esperar a una nueva fecha tras la suspensión derivada de la huelga indefinida convocada el pasado 24 de enero por los secretarios judiciales, LAJ.
De salir adelante el procedimiento, el grupo empresarial valenciano podría enfrentarse a un delito societario de imposición de acuerdos lesivos en uso de mayoría ficticia y otro de falsedad en documento mercantil. Por su parte, fuentes de Vectalia, consideran que la demanda carece de fundamento y será archivada. Para ello se apoyan en el hecho de que el denunciante no hubiese tomado medidas en el ámbito mercantil hasta el momento. “Vectalia cree que las personas querelladas han actuado siempre al amparo de la legalidad vigente, permitiendo además con ello garantizar el cobro puntual y preferente por parte de trabajadores y proveedores así como garantizar la continuidad del servicio público, de otra forma amenazados”, aseveran.
No obstante, desde Transportes Raúl reiteran la ilegalidad de las acciones, así como deficiencias que no sólo les afectan a ellos directamente como parte afectada, sino también a la cobertura que presta Lugove en sus áreas o a los conductores de los buses. Por otra parte, mantienen que la falta de un servicio de atención real a los usuarios ni a la plantilla imposibilita poder contactar con la empresa. “Provoca una situación de desamparo brutal”, indican. Desde Raúl reclaman que los dejen volver a entrar como parte activa y que se les paguen todos los atrasos.
Según explican, la forma de administrar las UTE establecen la necesidad de un comité de dirección formado por dos representantes de cada grupo para la toma de decisiones. Llegados a este punto, Vectalia habría creado otro ficticio formado solo dos de sus miembros cesando a los que figuran por parte de Raúl. “No podemos hacer nada”, explican, al tiempo que indican que los impagos a proveedores también son una tónica, pese a que los denunciados lo nieguen. Desde la directiva admiten sentirse como cabezas de turco, utilizados como peones para echar a andar el servicio y que una vez en marcha prescindieron de ellos incluso quedándose con toda su plantilla de conductores, establecida al 50-50. “Enviaron una carta a los trabajadores que por miedo asumieron. En ella indicaban que Transportes Raúl dejaba de operar y que o aceptaban la subrogación a su empresa o corrían el riesgo de perder sus empleos”, indican.
Para rematar desde Raúl SA reiteran ser conocedores de las deficiencias en el servicio que a su vez están provocando un reguero de quejas por parte de usuarios, que en los últimos meses han quedado reflejadas a través de diferentes redes sociales y lamentan no poder responder por ellos, pese a ser legalmente partícipes en la concesión.
