Control de fronteras, base del pacto de migración de la UE

Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo lograron ayer un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo que reformará la política común con un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y ofrecerá a los gobiernos una “solidaridad a la carta” que les permitirá eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados si pagan una compensación por cada traslado rechazado.

“¡Éxito! Después de años de estancamiento político, hemos llegado a un acuerdo”, anunció uno de los eurodiputados del equipo de negociación, el democristiano holandés Jeroen Lenaers, a primera hora de ayer, tras negociar día y noche hasta sellar las bases de los nueve expedientes que forman el Pacto y que abarcan todo el proceso, incluido el refuerzo del control fronterizo e identificación de los migrantes, hasta que se resuelve cada caso con la concesión del asilo o la decisión de expulsión.

Las presidentas del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, coincidieron en señalar el momento “histórico” que supone el acuerdo que pone fin a años de tensiones entre los propios países de la UE -desde la llamada crisis de refugiados de 2015- y llega a tiempo para finalizar su tramitación antes de las elecciones europeas de junio, un plazo que pesaba en los negociadores para evitar que su desarrollo se viera afectado por la campaña electoral y el avance de la extrema derecha.

Planteamiento humano

“Es un planteamiento humano, justo con quienes buscan protección, firme con quienes no son elegibles y firme con quienes explotan a los más vulnerables”, defendió Metsola, en una rueda de prensa al término de las negociaciones, acompañada por los eurodiputados negociadores, entre ellos el español Juan Fernando López Aguilar (PSOE).

Las nuevas reglas, que necesitan aún el visto bueno del pleno de la Eurocámara y de los Veintisiete para ser adoptada, pone fin a años de duras negociaciones entre los propios Estados miembro para consensuar un equilibrio entre la “solidaridad” con los países en primera línea, como España e Italia, y la “responsabilidad” que les reclaman a estos otros socios con miedo a los movimientos secundarios.

Finalmente, la solución es un mecanismo de “solidaridad flexible” que obligará a los Veintisiete a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes, bien reubicando en su territorio a parte de las personas llegadas, bien pagando una compensación tasada por cada migrante que rechace. El objetivo es trasladar a al menos 30.000 migrantes cada año, pero los países podrán negarse a recibir a parte de los acogidos a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente.

El modelo de solidaridad “a la carta” también se aplicará al mecanismo de crisis o fuerza mayor -y países como España e Italia en un primer momento- defendieron sin éxito que debía contar con un sistema obligatorio de cuotas de acogida que se activara únicamente en situaciones extremas.