El Gobierno permitirá la siembra de bivalvos y recibir ayudas en Redondela

Imagen de un grupo de mariscadoras trabajando en un arenal de Redondela.
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Las mariscadoras trasladaron la demanda de actuaciones para mejorar los flujos de corrientes en la ría, que pasarían por eliminar la escollera de piedra del río

El Gobierno validó el rareo y la siembra de bivalvos mientras las mariscadoras perciben ayudas por cese de actividad. Así se vio en el encuentro celebrado entre la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, acompañó ayer al subdelegado del Gobierno en Pontevedra en una reunión en la cofradía de pescadores San Xoán de Redondela junto a un grupo de mariscadoras.

Las mariscadoras aprovecharon el encuentro con el subdelegado para manifestar la necesidad de actuaciones de mejora en el fondo de la ría, así como sus reivindicaciones en relación con el muelle de Cesantes, que ya presentaron ante el organismo autonómico de Portos de Galicia. La prioridad de la agrupación que preside Ana Belén Sotelino es eliminar la escollera de piedra ubicada en la desembocadura del río para facilitar la navegación de los barcos por el río cara Redondela en 1926. Esta infraestructura, que no tiene utilidad, “supone una barrera para las corrientes marinas, lo que perjudica al ecosistema de la ensenada y hace improductivos los arenales”, explicó Sotelino. El subdelegado del Gobierno se comprometió a estudiar y trasladar estas peticiones al Ministerio y a la Administración autonómica, mientras la alcaldesa manifestó su disposición “para reunirse con las cofradías y Ayuntamientos de Soutomaior y Vilaboa, afectados también por esta situación, para hacer una frente común en beneficio del marisqueo en la ensenada. 

El subdelegado, Abel Losada, también incidió en los beneficios del rareo y siembra, que evita futuros ceses de actividad por falta de producto en los bancos. “No tenía sentido prohibirles realizar estas tareas de siembra y traslado de bivalvos durante el cese, pues a largo plazo, redunda en una mayor producción y actividad”, aclaró. Rivas calificó la medida como “un acto de justicia para la gente del mar, que permite dar respuesta a una demanda histórica del sector”.

Abel Losada también recordó que esta petición ya había sido formulada por las cofradías al Gobierno de España en 2013, y había sido rechazada. 

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