Jueces de paz, la justicia más cercana en peligro

“Ser juez de paz es una actividad que te da mucha satisfacción personal por el contacto que tienes con la gente”, explica Francisco Alonso, titular del Juzgado de Paz de Soutomaior desde hace 16 años y uno de los que más bodas tramita con más de un centenar de enlaces al año. Una situación poco común que se debe “a que tenemos aquí el castillo y hay muchas parejas que piden celebrar aquí la ceremonia, por lo que trabajo no nos falta”, comenta con humor.

Esta actividad es quizá una de las más amables de todas las funciones que cubren desde hace casi dos siglos cuando se instauraron en los municipios en los que no había juzgados de Instrucción o Primera Instancia. 

El plan “Justicia 2030”, a través de la Ley de Eficiencia Orgánica del Servicio Público, prevé la desaparición de la figura del juez de paz, quedando reducidos a oficinas judiciales atendidas por funcionarios de Justicia. Para Antonio Martínez, con más de 40 años como juez de paz en A Guarda, las cosas están todavía por definir y “no sabemos lo que pasará”.

 Por su parte, desde Soutomaior ven el cambio legislativo con cierto pesimismo, ya que “supondría un importante esfuerzo económico y, además, está el factor de la atención presencial… ya veremos en qué queda”, comenta desde la oficina que ocupa en el edificio del Ayuntamiento.

Con la aprobación por parte del Pleno del Consejo General del Poder Judicial del informe al anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia inició, entre otros aspectos, la cuenta atrás que marcará la desaparición de los jueces de paz. La falta de concreción, por el momento, de qué pasará con esta figura, o de las funciones que adoptarán las futuras Oficinas de Justicia municipales como nuevo organismo sustitutorio del actual, suscitan muchas dudas de cómo será todo cuando se lleve adelante la reforma que planea el Ministerio de Justicia.

En este sentido, la jueza de paz de Baiona, Ana Paula Guntín explicó que "los vecinos lo que buscan es comodidad y rapidez en algunos trámites así como la cercanía que conlleva un trato personalizado. Si se abre esa oficina consideramos que tendría que estar localizada dentro del término municipal”. Además añade que si la intención es la de una centralización comarcal, “los vecinos tendrían más inconvenientes además de un aumento en la carga de trabajo administrativo”.

Tanto Guntín como los funcionarios judiciales locales no censuran a priori esta modificación y creen que en algunos aspectos será beneficioso, pero siempre y cuando se sigan cubriendo los mismos aspectos. “Si es una excusa para cargarse servicios públicos la cosa cambia, pero por el momento todo son conjeturas y lo que nos llegas son meras negociaciones a través del sindicato pese a todo los avances van muy despacio”, rematan. 

En la actualidad en Galicia hay 268 juzgados de paz en Galicia que atienden al rededor de 1.600.000 personas repartidas entre los municipios en los que existen estos órganos. Entre sus funciones, están las de Registro Civil con los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones, que según reconocen suele ser una de las ocupaciones más demandadas por los ciudadanos “y aunque en la actualidad los registros matrimoniales se pueden hacer a través de notaria, la gente prefiere hacerlo presencialmente”.