A Francisco Camps y a Ricardo Costas les ha declarado no culpables un jurado popular, una fórmula de jurisprudencia en mi opinión importada de ámbitos sajones cuya implantación es España genera por el momento enormes dudas ya por la escasa tradición de este sistema entre nosotros, ya por la propia personalidad del españolito de a pie a quien este tipo de responsabilidades le quedan grandes por falta de costumbre. Suponer que el jurado se ha equivocado al dictaminar la inocencia de ambos procesados es, al fin y al cabo, dudar de la esencia de la Justicia misma aunque el método no convenza, pero sigo pensando que depositar esta responsabilidad sobre los hombros de un conjunto de personas que no entienden una palabra de jurisprudencia es una apuesta arriesgada que esta produciendo resultados al menos cuestionables. En todo caso, la presencia de ciudadanos emitiendo veredicto exculpatorio para dos políticos ambos acusados de cohecho impropio, elimina, al menos en pura teoría, la posibilidad de que las altas instancias judiciales se tienten la toga cuando toca juzgar a los más poderosos. Ha sido Juan pueblo el que los ha dejado libres, y aquí no hay más que hablar así que libres son con todas las de la ley a la espera de reconstruir un futuro oscurecido en función de de este proceso porque entiendo que, como en otros casos en los que el acusado ha sido absuelto en situaciones de semejante naturaleza, conviene preguntarse quién restituye el honor perdido para dos ciudadanos que son inmaculados ante la ley. Y quién carga ahora con la necesaria tarea de remendar su maltrecha honra. Camps y Costa, juzgados antes de tiempo por el achuchón mediático son inocentes. Pero?
