España registró en 2015 el peor dato de percepción de la corrupción de su historia. Algo que no sorprende a nadie debido al número de casos aflorados y al continuo conocimiento de escándalos que conocemos a diario. Según transparencia internacional, ahora la corrupción se vincula más a la contratación pública que al urbanismo, sobre todo los contratos suscritos por empresas públicas y entidades autónomas de las distintas Administraciones públicas.
En el índice de corrupción de transparencia internacional de 2015 nuestro país se sitúa en el puesto 36 de 168 países con un total de 58 puntos, dos menos que en el ranking de 2014. Aunque España afortunadamente no se encuentra entre los países de corrupción sistémica, la corrupción en la contratación pública, como dice el profesor Manuel Villoria, está bastante generalizada. Si hemos descendido en dos puntos en el ranking con relación al año pasado se debe a que con la crisis hay menos dinero para obras y servicios públicos.
Los índices de corrupción realizados por transparencia internacional, como es sabido, se basan en encuestas a expertos, a líderes de multinacionales y a ciudadanos. Pues bien, para los ciudadanos españoles consultados, los resultados arrojados son similares a los de Grecia. Los españoles que han participado en la encuesta piensan que en nuestro país la corrupción es general, a la altura de Grecia, que ahora encabeza la corrupción en el viejo continente.
Entre las causas del elevado índice de corrupción los dirigentes de transparencia en España citan la falta de jueces para conocer de estas cuestiones, pues ni siquiera se cumple la tasa de reposición de magistrados jubilados. También, según el presidente Lizcano, a pesar de que se han promulgado normas en materia de transparencia y acceso a la información, precisamos de un programa más integral de lucha contra la corrupción. En el mismo sentido, necesitamos, una adecuada cultura de la corrupción con estándares de funcionamiento transparentes y de detección temprana en todos los organismos públicos y de interés general.
Ciertamente, las medidas anticorrupción aprobadas en España en 2015 han supuesto un avance en transparencia de la financiación de los partidos políticos y en la tipificación de las conductas sobre la corrupción. Sin embargo, como advierte el Consejo de Europa, es necesario que las disposiciones adoptadas se pongan en práctica. En ese sentido, el órgano anticorrupción del Consejo de Europa está de acuerdo con las iniciativas del gobierno español para remediar las deficiencias técnicas de la legislación penal. Sin embargo, advierte que aún hay dudas sobre el control de los ingresos de las fundaciones de los partidos políticos y que no se ha recogido en la legislación el delito de tráfico de influencias cometido por funcionarios extranjeros. Tampoco se ha regulado con claridad el soborno a jurados y árbitros extranjeros y está pendiente la tipificación correcta de la solicitud, receptación o promesa de un beneficio indebido en el sector privado.
Es decir aunque formalmente vamos haciendo los deberes, todavía hay cuatro mejoras legislativas pendientes y, sobre todo, hay que aplicar las normas y reformas aprobadas. Casi nada.
