El Ministerio Público aleccionó a los dirigentes de las fuerzas de seguridad en Cataluña sobre cómo actuar ante la consulta ilegal
La Fiscalía Superior de Cataluña comunicó ayer a los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional que deben impedir el referéndum tomando todas las medidas necesarias, como intervenir urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones, propaganda electoral y cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del 1-O. Así lo trasladó en la reunión mantenida ayer con el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero; el general jefe de la Guardia Civil en Cataluña, Ángel Gozalo, y el jefe superior de la Policía Nacional en Cataluña, Sebastián Trapote, durante una media hora en la Fiscalía Superior, en la sede de la calle Pau Claris de Barcelona.
"Los funcionarios policiales, a fin de evitar la consumación o el agotamiento de los delitos, procederán directamente a adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal", asegura la Fiscalía en un comunicado enviado a los medios.
Tras la reunión de ayer, la Fiscalía prevé para hoy reuniones en el mismo sentido en las fiscalías provinciales de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona. Considera que, tras los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, queda "fuera de toda duda la ilegalidad" de todos los actos dirigidos a un referéndum de autodeterminación y que quienes lo promuevan pueden incurrir al menos en delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos -este, penado con hasta ocho años de cárcel-.
Elaboración de atestados
Por eso, la Fiscalía de Cataluña, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, ha dado instrucciones a todas las unidades policiales de cómo actuar ante cualquier acto que se ejecute en su demarcación por autoridades o funcionarios públicos, y particulares "en connivencia con aquellos". Así, deberán, ante la existencia o conocimiento de cualquier acto preparativo, proceder a "elaborar de forma urgente el informe y atestado oportuno, que contendrá todos los datos necesarios acerca de su ejecución, autoría, participación y circunstancias concurrentes".
Además, deberán si es necesario intervenir el material o instrumentos destinados a celebrar el referéndum, conforme a las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dictó el pasado jueves un oficio remitido a la Fiscalía Superior que ya ordenaba a los máximos responsables de Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra en las cuatro provincias catalanas intervenir en el caso de la celebración del referéndum, interviniendo si es necesario "los efectos del delito" y elaborando atestados ante cualquier actuación a nivel provincial o local de autoridades, funcionarios públicos o particulares. Al día siguiente, la Fiscalía Superior de Cataluña ya dictó su propia instrucción dirigida a los cuerpos policiales que fue remitida de forma urgente a los tres cuerpos, con acuse de recibo por parte de sus respectivos responsables policiales.
El Govern obedecerá las leyes del Parlament, no del Constitucional
El portavoz del Govern, Jordi Turull, insistió ayer en que el Ejecutivo "obedecerá al Parlament" y no a los tribunales estatales, después de que el Constitucional (TC) suspendiera la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana. Al preguntársele por esta suspensión en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, recordó que el propio Parlament "deja en suspensión la ley" de transitoriedad, ya que solo entraría en vigor si gana el "sí" en el referéndum del 1 de octubre.
"Queda condicionada al veredicto del pueblo. Nos debemos a lo que aprueba el Parlament y, en consecuencia, al decreto de convocatoria" del referéndum y al de medidas complementarias, añadió. Turull insistió en que el Govern "se debe a la ley que aprobó el Parlament y, en consecuencia, a los decretos" posteriores que rubricó el Ejecutivo para aplicar esta normativa suspendida.
El Constitucional suspendió ayer de forma cautelar la Ley de Transitoriedad catalana tras admitir el recurso del Ejecutivo central, una decisión adoptada por unanimidad a la que se ha sumado una nueva advertencia dirigida a los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament, entre otros. Los magistrados se ocuparon también en el pleno de otro recurso, el presentado por el Gobierno contra la ley de Hacienda catalana, el código tributario, recurso que también admitieron a trámite de forma unánime, de modo que esta ley también ha quedado provisionalmente suspendidapor pretender vulnerar las competencias exclusivas del Estado para la garantía de la igualdad. n
