Los lanzamientos judiciales, la mayoría de alquileres y comercios, se redujeron apenas un 10% en siete años
Superados los peores momentos de la recesión económica, Vigo todavía sufre sus consecuencias. El balance anual respecto a desahucios judiciales demuestra que si bien la tendencia sigue a la baja en los últimos años, el descenso es lento, y no se ha conseguido bajar la medio de más de un lanzamiento ejecutado al día.
Según los datos de la Oficina de Notificaciones y Embargos, durante 2017, la cifra total de desalojos registrados fue de 528, lo que supone apenas un 10% menos del mayor pico detectado desde la crisis, que fue en 2010 cuando se tramitaron 584.
Respecto al número de lanzamientos ejecutados, la cifra fue superior ya que se incluyen pendientes de ejercicios anteriores y esta llegó a los 546 a 31 de diciembre del año que acaba de finalizar, una cantidad casi inalterable respecto a 2016, cuando se llevaron a efecto 540. La mayor parte de los desalojos siguen siendo por impago de alquiler, ayer mismo se ejecutaron cuatro (uno de viviendas y tres de locales). En cuanto a las ejecuciones hipotecarias el porcentaje referente a viviendas ocupadas es muy pequeño, explica el letrado de la Administración de Justicia, responsable de la Oficina de Notificaciones y Embargos, Fernando Varela. Insiste en que habitualmente, la comisión judicial se encuentra la vivienda desocupada.
Las medidas llevadas a cabo en el último año permitieron además intervenir en situaciones en las que los inquilinos deudores se encuentran en especial situación de vulnerabilidad para encontrar alternativas al desalojo.
Así, los principales casos registrados a lo largo del pasado año tienen que ver con pequeños comercios, sin que se haya registrado ninguna orden judicial por impago respecto a grandes superficies. Se trata de locales comerciales de todo tipo, tiendas, talleres... que no pueden hacer frente al pago del alquiler del local para llevar a cabo su negocio.
Desalojan la última vivienda en pie de la fallida Ciudad de la Justicia
Los inquilinos de la última vivienda que todavía queda en pie de las seis que fueron expropiadas por el Concello para la fallida Ciudad de la Justicia en el entorno del Chouzo comenzaron ayer la mudanza.
En los últimos días, las máquinas demolieron toda una manzana de casas, después de que tras la expropiación se detectara la presencia de okupas. Aunque todavía no hay proyecto para el nuevo terreno, el Concello acordó iniciar la demolición por motivos de seguridad. Tras los trabajos llevados a cabo, únicamente sobrevivía una casa de dos plantas, que pese a haber sido expropiada también, fue vuelta a ocupar por antiguos propietarios. En concreto, una familia se trasladó a la planta superior, que había sido reformada antes de la expropiación. Ayer, no obstante, comenzaron a retirar muebles y enseres personales ya que las máquinas tendrán que intervenir por orden municipal.
Los afectados declinaron realizar declaraciones a los medios afirmando que no tenían más remedio que desalojar la casa porque la iban a tirar.
El de ayer fue por tanto un ‘desahucio’ voluntario pero forzado. La situación creada para los antiguos propietarios tras una expropiación fallida generó indignación y malestar.n
