López Veiga asegura que los usuarios temen "represalias de los funcionarios" por presentar denuncias
n n n En un tono inusualmente duro y directo el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga, cargó contra los inspectores de Sanidad Exterior y Agricultura que trabajan en el Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) de Guixar (el punto de control de la salida de la mercancía), a los que acusó directamente de poner en peligro el puerto con decisiones "arbitrarias" por "exceso de celo". Y añadió que no le "va a temblar la mano" para atajar los "sobrecostes" que también vincula a la estiba, y a las "majaderías" de las "arbitrariedades en las inspecciones" en PIF. Incluso aseguró que había coacciones de los funcionarios.
Así lo dijo en rueda de prensa tras el consejo de administración de la Autoridad Portuaria, donde antes había dado cuenta de los resultados de un informe de seguimiento sobre el modelo de gestión y operatividad en la terminal de Bouzas, y otro en el que se hace referencia a un "exceso de celo de determinados funcionarios" en la importación de mercancías.
En cuanto a las reclamaciones "por el bloqueo administrativo y sanitario" que se produce en el PIF, reiteró que "no ha tenido más que quejas de arbitrariedades en las inspecciones", lo que está derivando en que algunas de las empresas que pretenden introducir sus mercancías a través del Puerto de Vigo finalmente se decanten por otros como Leixões (Oporto).
"Es intolerable y no estoy dispuesto a permitirlo ni un minuto más. Tengo quejas por todas partes", señaló López Veiga, que volvió sobre los últimos "episodios" protagonizados por inspectores del PIF. En un caso, anunciando que rechazaran certificados del Gobierno de Argentina porque alegaba que "se borra la tinta". "Un funcionario no puede poner en peligro una relación internacional, acabará por intervenir el Ministero de Asuntos Exteriores", dijo. Antes se refirió al famoso "episodio de las naranjas", cuando una partida con varios contenedores de Sudáfrica estuvo varios días paralizada en el PIF por negarse a avalarla. Finalmente, la empresa decidió llevarse los depósitos a Leixoes, donde pasaron el control sin problemas en cuestión de horas.
López Veiga indicó que ante esta situación se realizará un estudio con sondeos exhaustivos y anónimos para determinar el volumen real de desvío ."Teníamos poco con la Sagep -la sociedad de estiba en monopolio- y -la marcha- de Maersk a Marín, y ahora estos caprichos... Esto se tiene que acabar porque no son más que majaderías", remarcó, tras insistir en que no hace más que recibir quejas de todos los usuarios, aunque también dijo que hay miedo " a denuncias, porque los usuarios temen represalias de los funcionarios, y esto no se puede tolerar, sería una coacción", insistiendo en que esta situación "no es tolerable" y hará "todo lo que pueda para que esto termine de forma radical". n
