El asesor fiscal detenido en la operación queda en libertad bajo fianza de 120.000 euros y hay otras cinco personas investigadas. Presuntamente, la trama extorsionaba a empresas: el inspector imponía multas y el asesor les "arreglaba" la situación a cambio de dinero, que se repartían ambos. El grupo empresarial vigués Redcom, uno de los afectados por el complot: Hacienda aún no le devolvió 8,5 millones que le retuvo pese a la sentencia que le absolvió porque el inspector siguió por vía administrativa. Moto Pasión vivió una situación similar y su propietario fue absuelto.
El juzgado de Instrucción número 3 de Santiago decretó ayer la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para Asdrúbal Casares, el inspector de Hacienda de Vigo detenido en el marco de un operativo contra una presunta trama corrupta que lleva a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). El otro detenido, el asesor fiscal y administrador de Aserco, Francisco González Pino, quedó en libertad bajo fianza de 120.000 euros, tras prestar declaración ante el juez. Según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza, la cantidad estipulada deberá ser entregada en un plazo de 24 horas que expira en el día de hoy. Además, deberá comparecer en el juzgado cada quince días y se le ha retirado el pasaporte. El juez le ha prohibido abandonar el territorio nacional.
Las mismas fuentes aseguraron que la causa judicial se sigue por los presuntos delitos contra la Administración Pública y blanqueo de capitales.
Los dos arrestados el martes en Vigo fueron trasladados por la Guardia Civil ante el juzgado de Santiago que dirige el operativo para prestar declaración. Los agentes les sitúan en el centro de un presunta trama que se habría destapado tras una denuncia interpuesta por la Agencia Tributaria ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid y que ha llevado dos años de investigación.
Esta semana, la UCO se desplegaba en la ciudad para llevar a cabo los arrestos así como varios registros en Vigo y Ourense, entre ellos el del despacho del inspector de Hacienda en la calle Lalín, además de la oficina de Aserco en plena Gran Vía. La Guardia Civil trata de probar que el inspector, adscrito a Vigo pero dependiente de la ONI (Oficina Nacional de Inspecciones) organismo de la Agencia Tributaria encargado del control fiscal de las grandes empresas, y el asesor fiscal actuaban supuestamente de forma conjunta para conseguir beneficios tras imponer multas injustificadas a las sociedades.
Una vez sancionadas las empresas, sería presuntamente el administrador de Aserco quien se encargaría de contactar con esas empresas para arreglar su situación a cambio de un dinero en metálico que se repartirían entre ambos detenidos.
La denuncia partió de uno de los afectados y la propia Agencia Tributaria fue la encargada de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. Fuentes de la Guardia Civil confirmaron ayer que la operación aún no se ha cerrado y afectaría a más provincias españolas pese a estar centralizada la trama en Galicia.
De hecho, la UCO ha tenido constancia a lo largo de todo este tiempo de reuniones mantenidas para estas presuntas extorsiones en varias ciudades de la comunidad e incluso en Portugal.
Por el momento la causa continúa secreta.
