Otro empleado del Puerto vigués negó ante el juez la presunta venta ilegal de pescado en la lonja del Berbés
El Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo tomó ayer declaración a los dos primeros testigos de la causa judicial derivada de la operación “Govi” por presunta venta ilegal y descarga irregular de pescado en el puerto vigués. Fuentes judiciales confirmaron que fueron dos trabajadores los citados ante el juez.
Ambos, dedicados a las descargas de pescado, ofrecieron dos versiones muy diferentes de los hechos que se investigan y que supusieron la detención de seis personas, entre ellas cuatro policías portuarios. Uno de los testigos admitió conocer las presuntas prácticas irregulares.
Según la versión ofrecida ayer en el juzgado, habría ratificado los supuestos regalos ofrecidos a los agentes por los “chivatazos” en inspecciones. Dichos regalos consistirían en cajas de pescado que, según la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, se destinarían posteriormente a la presunta venta en el mercado negro para obtener beneficios económicos.
El testimonio de este testigo avalaría la versión de los agentes que trabajaron en el operativo durante siete meses y que habría descubierto una presunta trama para permitir descargas por parte de la flota de altura de especies de pescado no autorizadas o con tallas irregulares a cambio de regalos a los agentes.
Por su parte, el otro trabajador habría negado que se llevaran a cabo tales prácticas ilegales en el puerto y en la lonja. Tras el testimonio de estos dos testigos, que se prolongó durante más de unhora y media, el juzgado hará un parón en las declaraciones para retomarlas posiblemente a partir de enero. Hoy estaba previsto que otras dos personas comparecieran ante el juez, sin embargo, la imposibilidad de una de las partes para estar presentes obligó a posponer los interrogatorios.
SEIS DETENIDOS
Entre las personas que tendrán que declarar en esta causa se encuentran varios armadores. Por el momento, de los seis detenidos, sólo pasaron tres a disposición judicial, dos policías portuarios y un empleado de la Cooperativa de Armadores. Todos ellos quedaron en libertad pero investigados por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad en documento oficial, teniendo que comparecer periódicamente en los juzgados como medida cautelar. Los otros tres detenidos en su día quedaron libres en sede policial y tendrán que personarse cuando sea citados judicialmente.
La operación se llevó a cabo durante siete meses por parte de la Guardia Civil en colaboración con la Autoridad Portuaria, tras detectarse posibles irregularidades en las descargas de pescado. A finales del pasado mes de octubre, se llevó a cabo una inspección policial que permitió la incautación de 300 kilos de pescado, 200 de pez espada y otros 100 de lomo atún.
El puerto, a la expectativa para tomar medidas
La Autoridad Portuaria sigue a la expectativa de la investigación abierta queafecta a algunos de sus funcionarios adscritos a la Policía Portuaria, que no han sido apartados aunque han sido trasladados a otros puestos fuera del Berbés mientras se dirime el caso judicial. El presidente portuario, Enrique López Veiga, insistió en dos aspectos: en la presunción de inocencia y en que conocían desde hacía meses el asunto y que habían decidido colaborar con la Guardia Civil y el Juzgado en la aclaración de lo que pasaba.En este sentido, hace meses que se optó por iniciar una rotación en los puestos de la Policía Portuaria para evitar que los agentes estuvieran durante mucho tiempo en el mismo lugar. Ahora se mueven entre los cuatro puntos principales de vigilancia, Guixar, Bouzas, O Berbés y Estación Marítima, realizando patrullas rotatorias. En todo caso, es cierto que todo lo ocurrido y el impacto mediático ha dejado "tocados" a los policías portuarios. Según pudo constatar este diario, la mayoría no se cree la investigación y considera "limpios" alos agentes.
