“Nos han arruinado la vida, ya no tenemos nada, ni siquiera los puestos”

 Sobre las nueve de la mañana comenzaban a llegar al edificio de los juzgados los primeros comerciantes acusados para asistir a la vista, señalada a las 9,30. Ninguno pensó que la jornada se convirtiera en una “pesadilla” como aseguraban tras terminar pasadas las dos de la tarde.
“Aquí están personas mayores que llevan horas esperando en un pasillo muy pequeño, algunas de pie”, comentaban indignados. Sin embargo la indignación no era únicamente por lo que ocurrido ayer, que finalmente terminó con el mejor arreglo posible judicialmente, sino por todo lo ocurrido tras el último golpe policial.
La operación de 2014 fue definitiva para desmantelar un mercado con años de historia en la ciudad.  “Lo único que podemos decir es que nos han arruinado la vida, ahora no tenemos ni trabajo, ni dinero ni salud”, explicaba una de las comerciantes mientras esperaba para firmar el acuerdo de conformidad alcanzado en sala.
Otra comerciante confirmaba que desde esa fecha ya no tiene trabajo, “yo ya no tengo tienda alguna, ni nada”. “Nos hemos quedado sin dinero incluso para pagar la concesión de los puestos, así que nos hemos quedado sin ellos”, relataban, mientras una añadía con rabia “esto es indignante, los ladrones están en la calle y nosotros sin nada”.
El mercado de A Pedra no ha conseguido desde entonces levantar la cabeza. Pese a los esfuerzos por modificar sus usos y abrir nuevos negocios diferentes a los anteriores, no acaba de despegar y la mayoría de puestos siguen cerrados. Aunque se aseguraba que ese cierre se debía a la rehabilitación  y reformas, lo cierto es que a día de hoy el cierre es mayoritario.
Son los menos los comerciantes que aún teniendo que responder a la justicia han mantenido sus negocios en el mercado, alejados de cualquier prenda textil vinculada a las falsificaciones. Eso se acabó .
Tras el cierre cautelar impuesto con la última redada, los comerciantes se manifestaron durante meses para reivindicarse como trabajadores no como “delincuentes”.
Según afirmaron ayer, el tiempo que permanecieron cerrados los negocios, así como los embargos sufridos y otra serie de medidas iniciales les han supuesto un grave perjuicio, tanto que incluso algunos pidieron plazos para el pago de las multas impuestas, la mayoría de poco más de 1.000 euros más responsabilidades civiles,  que   oscilan entre los 200 y los 1.000 euros entre los condenados por un único delito contra la propiedad intelectual.n