Unas 400 personas se manifestaron ayer en el exterior del Pazo do Hórreo, coincidiendo con la sesión plenaria, para demandar a la Xunta la "paralización" del concurso de 73 plazas de discapacitados que supondría su traslado desde el centro que la Asociación Galega San Francisco (Agasfra) tiene en Coia "al monte".
El diputado socialista Abel Losada y la integrante del grupo mixto, Carmen Iglesias, pidieron a la conselleira de Benestar, Beatriz Mato, "justicia y humanidad" y que "reconsidere su decisión". "Es una profunda injusticia", sentenció el parlamentario del PSdeG, a lo que la conselleira defendió que tiene que "cumplir la ley" y hacer un reparto "objetivo" de las plazas públicas. Así, alegó que Agasfra no tiene la autorización definitiva (PIA), sino una provisional, mientras otras entidades tuvieron que hacer "un esfuerzo" para adaptar sus instalaciones a lo que marca la norma. "Aunque nos constan sus esfuerzos por mejorar", admitió.
Losada ha recriminó que la empresa que construyó el geriátrico en el que se reubicarían los integrantes de Agasfra recibió del Gobierno 1,5 millones de euros "para adecuar sus instalaciones", frente a 21.300 euros para la entidad sin ánimo de lucro. Por tanto, censuró las "medias verdades" y leyó un informe del Valedor do Pobo en el que constata que "existen alternativas legales para mantener dentro del sistema público a Agasfra". Mato lamentó que hubiese miembros de San Francisco entre el público invitados por los grupos, provocando fuertes protestas y abucheos..
