El ente ADIF mantiene vivo un litigio por la titularidad de los terrenos de la urbanización de Garcia Barbón
El Ministerio de Fomento, a través de su ente gestor de infraestructuras ADIF, ha decidido agilizar un proceso de reclamación contra el Concello que afecta a la legalización de las controvertidas torres de García Barbón (las torres de Ifer), que el Concello “validó” tras un largo procedimiento.
El recurso se dirigió contra la sala que aceptó la propuesta municipal de conceder las licencias y normalizar el doble edificio, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que tendrá que decidir sobre la impugnación de ADIF.
Las torres fueron autorizadas en 1994, hace veinte años, con una licencia sobre la urbanización denominada Unión Cervecera. En 1996, tras un recurso de Eduardo Canabal, el tribunal gallego anuló toda la planificación municipal y los permisos, lo que abría la puerta a la demolición total o parcial de un bloque doble que alberga 180 viviendas y la sede del Club Financiero. En 2011, se concedió licencia según el nuevo Plan General y el tribunal la aceptó.
Según explicó a este diario un portavoz del ente público de infraestructuras de Fomento, ADIF no se opone a la legalización de los dos edificios incluidos en la urbanización Unión Cervecera de Vigo, si así lo permite el planeamiento
urbanístico vigués. “Lo que sí pide ADIF es que se le reconozcan sus derechos y, por ello, reclama la edificabilidad que le corresponde en función de la superficie aportada a dicha unidad de actuación”, añadió el portavoz.
La misma fuente autorizada advirtió de que a partir de ahora el asunto está en proceso judicial, "pero desconocemos qué consecuencias tiene en términos de paralización o no de la legalización de los edificios. Eso es un tema que escapa a ADIF”, añadió el mismo portavoz.
La clave del litigio se encuentra en el proyecto de compensación (el que define las cargas y los derechos de los propietarios que participan en la urbanización) donde el Ministerio de Fomento ha insistido de forma reiterada en que se han incluido solares de su titularidad y que ahora exige una compensación por ello. Y lo mismo pasaba con el vecino colegio García Barbón. La base del recurso está en que al aparecer en el programa urbanístico terrenos que no fueron cedidos ni enajenados, la escritura inicial sería nula. En todo caso, ADIF busca ante todo garantizar sus derechos a recibir una compensación y reconocer su titularidad. n
