Trabajadores piden una tercer órgano y dicen que no se controla a tutores de incapacitados por falta de tiempo
n n n Los juzgados de Familia "se encuentran al borde del "colapso técnico", aseguraban ayer los funcionarios que en rueda de prensa alertaron de las graves consecuencias sociales que puede tener esta situación y pidieron un tercer juzgado con urgencia. El representante del colectivo Alternativa na Xustiza, Pablo Valeiras, que hizo de portavoz, advirtió de que "podemos estar ante una situación de desamparo" de los ciudadanos ya que en estos momentos los dos órganos están marcando los juicios en caso de divorcio para mayo y en marzo en las peticiones de medidas urgentes. Una situación que reflejan las estadísticas del propio Consejo del Poder Judicial (CGPJ), que recogían que los juzgados de Familia están por encima del 168% de los módulos de carga de trabajo. Por todo ello, los funcionarios solicitaban la creación de un tercer juzgado específico de Familia y, mientras que esto sucede, la puesta en marcha de uno de refuerzo como sucedió en lo Social. También solicitan a la Xunta que dote de la plantilla suficiente a estos juzgados, que según manifestaban deberían contar cada uno con 4 gestores, 5 tramitadores y un auxiliar.
La saturación de los juzgados de Familia está originada, según manifestaron, en que cada procedimiento llevan incorporadas piezas separadas que se tramitan como otro proceso pero que no son computadas en las estadísticas, por lo que el porcentaje del CGPJ podría ser muy superior. La carga de trabajo aumenta con el control de los cerca de 300 internamientos -personas que por sus adicciones o problemas del foro psiquiátrico están en centros sanitarios o de recuperación- que deben seguir. A esta tarea se unen la revisión de las 900 incapacitaciones que deben llevar a cabo desde que en 2003 los tutores deban rendir cuentas de la administración de la tutela, algo que en la actualidad "resulta imposible hacer por falta de tiempo, lo que puede resultar en una situación de desamparo para el incapacitado".
La crisis también ha tenido sus consecuencias en los juzgados de Familia, aumentando de forma exponencial las modificaciones de medidas por situación social, que en estos momentos deben esperar más de medio año para que se marque juicio. Este retraso "origina situaciones penosas", sobre todo en las revisiones de pensiones de alimentos, incluso cuando está en juego la custodia de un menor. Las medidas provisionales coetáneas (régimen de visitas, guardia y custodia, domicilio) se están señalando para mayo, y los juicios por divorcio y separación todavía un mes después. n
