El aumento en el coste de la redacción del Plan de Urbanismo desató un intercambio de acusaciones entre el Concello y la Xunta en torno a la implicación real de las administraciones
“De nuevo la Xunta torpedeando esta ciudad; lo que pasa con la Xunta es un escándalo político sin precedentes”. Así reaccionó ayer Abel Caballero a las declaraciones vertidas por la directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, que tras mantener una reunión con López-Chaves, pedía al Concello que justificase el incremento del 80% en el coste de la redacción del Plan General, pasando de 1,3 millones a 2,3 en segunda convocatoria. A lo que el regidor puntualizó que “los mismos responsables de la anulación del PGOM ahora piden explicaciones” y añadió que, a diferencia, el gobierno local “hizo un trabajo perfecto, sin ningún error”.
Y como única respuesta, recordó a la directora xeral que convocado un primer concurso, “nadie se quiso presentar y quedó desierto y por eso se ha incrementado el precio de la licitación, separando los contratos de cartografía y los de redacción del planeamiento, hasta los 2,3 millones de euros”. Asimismo, el regidor apuntó al Gobierno autonómico “su obligación de asumir el 50% del coste como se fijó en todos los municipios gallegos” y se preguntó si es que lo que no quiere es pagar.
Para Caballero, esta reclamación de la Xunta solo tiene una explicación, la oposición de Feijóo a una nueva ordenación urbanística para Vigo y señaló al presidente de la Xunta como el artífice de lo que denominó “nueva estrategia contra la ciudad” y se preguntó “¿cuándo va a parar de torpedear la ciudad”.
En su comparecencia ante los medios, alcalde hizo recuento de lo que considera agravios a la ciudad por parte de la Xunta, como el intento de paralización de las obras de Gran Vía, Camelias o García Barbón; el abandono del proyecto de un centro de salud de Bouzas (sobre el que ha dicho que considera pedir la devolución de un solar cedido a la Xunta para su construcción); la candidatura paralela de Cíes a Patrimonio Mundial con su propuesta para todo el parque Illas Atlánticas y el retraso del pabellón de Matamá.
Sobre esta dotación deportiva también surgió el debate, ya que mientras el alcalde criticó que el Gobierno gallego proponga una vía que “requiere dos años, si todo fuese maravillosamente” en lugar de aplicar la ley 3/2016”, el delegado territorial de la Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, dijo que el pabellón “es legal tanto en el Plan de 2008 como en el de 1993, por lo que si hubiese querido, se podría haber desarrollado en estos doce años”.
A través de un comunicado de prensa, el gobierno local insistió en lo que tildó de evidente, “la pretensión de la Xunta de paralizar el urbanismo vigués”. Sobre las declaraciones de la directora xeral, apuntó en dicha nota que Vigo ya inició la redacción del documento para el borrador y el documento estratégico por parte de los servicios propios de la Gerencia de Urbanismo. Además aseguró que se adoptó el acuerdo de iniciar la contratación y afirmó que solo falta adjudicar la redacción del PGOM, “pues está cerrado el plazo de presentación de ofertas con la participación de varias empresas”. Concluyó, aclarando que “la ley solo exige que esté iniciado el procedimiento de revisión” y no la contratación de la redacción.
