Las fuerzas policiales y el juzgado de instrucción número 3 de Cangas investigan la posible comisión de hasta siete delitos, por parte de los 11 detenidos en la llamada Operación Vida, en la que han sido arrestados ocho miembros de la familia de 'los morones' y tres de sus allegados.
Así, según ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Antonio Coello, en declaraciones a los medios, este grupo podría haber cometido los delitos de pertenencia a organización criminal, amenazas, coacciones, fraude a la Seguridad Social, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas.
Coello ha señalado que, en el operativo policial desarrollado este martes, se realizaron varios registros en los que los agentes de Guardia Civil y Policía Nacional se incautaron de varios efectos. Entre ellos, hay siete vehículos de alta gama, una caja fuerte, armas y diversa documentación.
En todo caso, el subdelegado del Gobierno ha recordado que no han trascendido más detalles porque la investigación está bajo secreto sumarial. Además, la operación sigue abierta y no se pueden descartar nuevas detenciones o diligencias.
PASO A DISPOSICIÓN JUDICIAL
Los once detenidos, entre los que están el patriarca Olegario G.J; su mujer Flora J.G.; su hijo Sinaí y varios de sus hermanos; una nuera del matrimonio; y un sobrino, permanecen en dependencias de la Guardia Civil y de Policía Nacional en Vigo y en Pontevedra.
Según ha señalado el subdelegado, previsiblemente pasarán este jueves a disposición del juzgado de Cangas, en el que se establecerá un dispositivo policial para "salvaguardar" la seguridad ciudadana y preservar "la paz" en el edificio judicial.
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
Antonio Coello ha felicitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por su actuación en este operativo y ha subrayado que los "frutos" de la Operación Vida no son "casuales", sino resultado de la "tenacidad y trabajo riguroso".
A ese respecto, ha recordado que los enfrentamientos entre el clan de los 'morones' y otros colectivos, especialmente el de vendedores ambulantes 'zamoranos' estaban generando "alarma social" y que se habían agravado hasta culminar en un episodio grave: un tiroteo en la VG-20 en Vigo.
A raíz de estos hechos, la subdelegación impulsó la creación de una "comisión de investigación" en la que estaban integrados la Guardia Civil y la Policía Nacional, y que contaba con el apoyo de la Fiscalía de la Audiencia de Pontevedra.
Además, se informó a los alcaldes "y colectivos afectados" de la implicación de las fuerzas del orden para poner fin a esos enfrentamientos y a las situaciones de inseguridad. "En aquel momento dije que la impunidad no se podía permitir, y que el Estado de Derecho iba a prevalecer. Hoy vemos los resultados", ha proclamado Coello.
MERCADILLOS SUSPENDIDOS
La ciudad de Vigo suspendió, tras el tiroteo de octubre de 2015, la celebración de los dos mercadillos más grandes, el de Coia y el de Bouzas, en aras de garantizar la seguridad de vendedores y clientes.
Tras las detenciones de las últimas horas, los periodistas han preguntado al concejal de Comercio, Ángel Rivas, si el gobierno local prevé reconsiderar esta medida. A este respecto, el edil socialista ha señalado que "se está trabajando en una nueva ordenanza, que ya está prácticamente elaborada" y que la intención del gobierno es reanudar las ferias con el nuevo marco normativo, "excepto" que se pueda garantizar antes de forma rotunda la seguridad.
