La sentencia impone la pena del fiscal con una mínima reducción
La Sección Quinta de la Audiencia, con sede en Vigo, condenó finalmente a 14 años a Francisco Rafael Álvarez, al que un tribunal popular ya había considerado culpable de la muerte de su exmujer, de la que se había separado poco antes, y a la que golpeó y acuchilló en su domicilio de Coruxo, cerca del Vao. El fiscal pedía 15 años por un delito de homicidio en concurso con uno de allanamiento de morada, y con los agravantes de abuso de superioridad y parentesco respecto a la víctima. La reducción a 14 años se produce por aceptar la aplicación del atenuante de confesión analógica. Además, la Audiencia impone el pago de 100.000 euros a cada uno de los hijos que tuvo, lo que también pedía el fiscal, y otros 40.000 euros a los padres de la víctima. Como pena accesoria, la prohibición de aproximación a sus hijos y a los padres de la víctima, y a los hermanos de la víctima, por un tiempo superior en un año al de duración de la pena de prisión,
La acusación particular elevaba las peticiones a 22 años y seis meses de prisión, al considerar los hechos constitutivos de un delito de asesinato por concurrir la alevosía y el ensañamiento, se ha adherido a la petición de la fiscal. La defensa, que interesaba la libre absolución por creer que la muerte se produjo de forma accidental, pidió tras el veredicto la aplicación de la pena mínima: 12 años y seis meses.
Una vez con la sentencia emitida -que podría ser recurrida por la acusación- comenzará la aplicación de los plazos. El crimen lo cometió en octubre de 2011, y por tanto, ya ha cumplido dos años y medio y se encuentra en segundo grado (internamiento normal). Podría solicitar el tercer grado -que permite salir a la calle y obliga a dormir en centros de reclusión abiertos como el de la avenida de Madrid- a partir de cumplir un cuarto de la pena, por tanto, dentro de un año.
No obstante, se trata de una decisión que toma la junta de A Lama y el juez de vigilancia y que en delitos como homicidio rara vez se concede antes de haber pasado media condena. En esta circunstancia, podría abandonar la cárcel dentro de tres a cuatro años. Juega a favor del condenado que la propia sentencia está de acuerdo en que pueda tener beneficios penitenciarios. n
