El alto tribunal minora la cuantía que deberá afrontar la infanta Cristina como responsable a título lucrativo a 136.950 euros
El Tribunal Supremo rebajó levemente la condena que la Audiencia de Palma impuso a Iñaki Urdangarin, pero le mantuvo una pena suficiente, cinco años y diez meses, como para que ingrese en prisión, y redujo la cantidad que debe pagar la infanta Cristina como responsable a título lucrativo. La entrada en la cárcel de Urdangarin, de este modo, parece cada vez más clara y, de hecho, la Audiencia de Palma le citó hoy, junto a otros condenados (el ex ministro Jaume Matas y su ex socio Diego Torres) para entregarles la orden de prisión.
Urdangarin resultó condenado por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias. El tribunal solo admite uno de los puntos de su recurso contra la sentencia de la Audiencia de Palma y le absuelve de un delito de falsedad en documento público cometido por funcionario al entender que no quedó probada su intervención.
En cuanto a la infanta Cristina, el Supremo minora la cuantía que la Audiencia de Palma consideró que debía pagar como responsable civil a título lucrativo: de 265.088 euros a 136.950 euros. El alto tribunal entiende que no debe responder como partícipe a título lucrativo por delitos fiscales, pero sí por malversación y fraude, que son los otros dos por los que fue condenada a pagar responsabilidad civil y que el Supremo mantiene.
diego torres y matas
También rebaja la condena al exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, de 8 años y medio a 5 años y 8 meses de prisión, una condena que también anticipa su probable encarcelamiento. Para el expresidente del Govern de Baleares Jaume Matas, se mantiene su condena a 3 años y ocho meses de cárcel.
Las penas recibidas por los tres principales condenados implican que su ingreso en prisión inminente es prácticamente inevitable, aunque sus situaciones sean diferentes. Así lo demuestra el hecho de que la Audiencia de Palma los haya citado hoy para comunicarles ese ingreso. Al tratarse de una sentencia firme, ni siquiera es necesario celebrar una vistilla para escuchar a las partes. Aún así, Urdangarin podría dilatar su ingreso en la cárcel si recurre al Constitucional y consigue que la Audiencia de Palma espere a que ese tribunal decida si admite o no el recurso antes de ejecutar la sentencia. Sin embargo, aunque lo admitiera a trámite, es poco probable que el TC suspenda el ingreso en prisión dada la envergadura de la condena. Solo lo hace cuando la pena es inferior a los cinco años,y no es el caso. Para el cálculo, tomará de referencia el total de la condena (5 años y 10 meses) y no que se trata de la suma de varias penas menores.
Algo similar sucederá con Diego Torres en cuanto al ingreso en prisión. Y por lo que respecta a Matas, esta es la tercera condena firme para el expresidente balear, que ya pasó por la cárcel a causa del sumario Palma Arena. También resulta poco probable, en principio, que la Audiencia de Palma no le envíe a prisión en una fecha no muy lejana. Respecto a otros puntos de la condena, Urdangarin deberá pagar en total algo más de un millón de euros si se suman las multas y las indemnizaciones a las que resulta condenado.
La sentencia reprocha al exduque el uso de su privilegiada posición
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Del Moral, avala uno de los principales argumentos en los que la Audiencia de Palma fundamentó la condena y, así, reprocha a Urdangarin que utilizara el "trampolín de su privilegiada posición" para lograr el "sometimiento" del expresidente balear Jaume Matas a sus intereses. "Está acreditado", dice el Supremo, que el acusado "a través de su amistad" con Diego Torres y el ex director general de Deportes del Govern balear, José Luis Ballester, y dada "la situación de privilegio que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien entonces era Jefe del Estado, consiguió mover la voluntad" del presidente balear Jaume Matas para obtener contratos. Por lo tanto, cometió tráfico de influencias.
Además, señala que no puede cuestionarse la naturaleza pública de los fondos sustraídos mediante la comisión de un delito de malversación, que cuantifica en 450.000 euros. Estos fondos fueron pagados a Nóos "pese a no haberse producido" la contraprestación o, en otras palabras, pese a que "los servicios que correspondían a esos pagos no se habían llevado a cabo". Iñaki Urdangarin, de este modo, fue inductor y cooperador necesario de esta malversación.
