El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha preguntado este sábado al ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, si el Ejecutivo central tiene previsto devolver el dinero gastado en el rescate de las autopistas radiales de Madrid y el de la banca, y el desembolsado para indemnizar a ACS por el proyecto Castor, entre otros.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha preguntado este sábado al ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, si el Ejecutivo central tiene previsto devolver el dinero gastado en el rescate de las autopistas radiales de Madrid y el de la banca, y el desembolsado para indemnizar a ACS por el proyecto Castor, entre otros.
Lo ha hecho en una serie de mensajes en Twitter recogidos por Europa Press después de que el ministro anunciara el viernes que se suspenderá el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que recibe la Generalitat si no acredita semanalmente que no realiza ningún gasto relacionado con el referéndum previsto para el domingo 1 de octubre.
"Los euros públicos de los catalanes que han servido para sufragar la guerra sucia y han pagado informes falsos, ¿nos los puede devolver, señor ministro?", ha publicado Puigdemont en su cuenta acompañándolo de un recorte de periódico con las declaraciones de Méndez de Vigo diciendo que no se gastará ni un euro público en la consulta.
Ha repetido el mismo mensaje hasta en seis ocasiones preguntando consecutivamente por el coste de las autopistas radiales de Madrid y el de la banca, por las inversiones previstas en Catalunya que no se han ejecutado "pese a estar presupuestadas" y por los impuestos generados en Catalunya que no revierten ahí.
La Comisión Delegada para Asuntos Económicos aprobó el viernes que una serie de altos cargos y funcionarios remitan de manera individualizada y semanal certificados que garanticen que no se han iniciado o tramitado expedientes de gastos y pagos que puedan estar destinados directa o indirectamente a actividades vinculadas con el referéndum.
El Gobierno considera el acuerdo de ayer para evitar que la Generalitat destine fondos públicos a un referéndum como una "vuelta de tuerca" de la norma que ya controlaba desde 2015 las cuentas de Cataluña y explica que se ha adoptado ahora al constatar que "la radicalidad se ha apoderado del Ejecutivo catalán".
Así justifican fuentes del Gobierno que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, en su reunión de ayer presidida por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, haya decidido requerir semanalmente a la Generalitat la justificación del gasto de su presupuesto para que, en caso de que destine dinero al referéndum, suspender las entregas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
El Gobierno recuerda que no se trata de una medida nueva, ya que la misma Comisión Delegada aprobó en noviembre de 2015 un acuerdo para garantizar que el Gobierno de Cataluña prestaría sus servicios en favor del interés general. Ya entonces, ante la evolución de los acontecimientos, se dejó claro que los recursos del FLA destinados a la financiación del déficit, que ya se desembolsaban directamente a los proveedores, sólo se podrían destinar a abonar facturas de servicios públicos fundamentales.
Además de esa condicionalidad, el interventor de la comunidad debía remitir al Ministerio de Hacienda un certificado inicial en diez días y una actualización mensual de toda la ejecución del presupuesto de la administración catalana y de sus empresas u organismos. El objetivo era constatar que los gastos no contravenían el ordenamiento jurídico, y, para ello, ya se exigía a la Generalitat conexión telemática con su sistema para tener control directo de las facturas.
certificados de cargos
Con la decisión de ayer, ese control aumenta, ya que se exige a la Generalitat que la remisión de los datos sea semanal y que haya certificados individuales de una serie de cargos. En concreto, tendrán que enviarlos los interventores de las consejerías, los responsables económico-financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas, el director general de Presupuestos y el de Política Financiera, Seguros y Tesoro.
Las fuentes del Gobierno central están convencidas de que todos ellos cumplirán e interpretan que supone un problema muy grave para el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, como encargado de intentar organizar esa consulta. "Es una bomba de relojería para él", señalan las fuentes citadas, que recalcan que la vigilancia se realizará sobre todo el presupuesto de la Generalitat.
OTRO relevo en enseñanza
Por otra parte, con el anuncio de la marcha del secretario de Políticas Educativas, Antoni Llobet, se da el tercer relevo en el departamento de Enseñanza de la Generalitat desde que la nueva consellera Clara Ponsatí tomó posesión del cargo la pasada semana.
Fuentes del departamento de Enseñanza informaron ayer de que el sustituto de Antoni Llobet será Joan Mateo, que ya ocupó este cargo con la exconsellera Irene Rigau y que actualmente ocupaba la presidencia del Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo.
Los favorables a la independencia caen al nivel de hace cuatro años
Los contrarios a la independencia de Cataluña aumentan respeto a marzo, al pasar del 48,5% al 49,4%, mientras sus partidarios caen casi tres puntos hasta el 41,1%, según un sondeo de la Generalitat, lo que agranda la distancia entre ambas opciones a dos meses de un eventual referéndum el 1 de octubre.
El director del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO), Jordi Argelaguet, presentó ayer en rueda de prensa los resultados del último Barómetro de Opinión Política antes del 1 de octubre, que incluye también una proyección electoral en el Parlamento de Cataluña.
Si se celebrasen esos comicios en la actualidad, la mayoría absoluta de JxSí (PDeCAT y ERC) y la CUP peligraría, pues sumarían entre 66 y 71 escaños (está en 68), mientras que Ciudadanos sería segunda fuerza (20-22), seguida de PSC (17-20), Catalunya Sí Que Es Pot (15-17) y PPC (11-13).
En cuanto al apoyo a la independencia, Argelaguet indicó que el "ligero" incremento de los contrarios a ella no es "significativo en términos estadísticos", pero en cambio sí que lo es, a su juicio, el retroceso de casi tres puntos de los partidarios de la secesión, de 44,3% al 41,1%, llegando a niveles de hace cuatro años.
El 34,7 % apuestan por un Estado independiente, un retroceso de casi tres puntos. Los partidarios de un Estado dentro de una España federal se mantienen en el 21,7% y los que apuestan por una comunidad autónoma suben del 28,5 al 30,5%, mientas que los que desean que sea una región caen del 7% al 5,3%.n
