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La Fiscalía navarra pide que La Manada ingrese en prisión

El miembro de La Manada Antonio Manuel Guerrero, a la salida del juzgado.
photo_camera El miembro de La Manada Antonio Manuel Guerrero, a la salida del juzgado.

Mantiene que presentará un recurso para que los hechos se consideren agresión y no abuso

La Fiscalía de Navarra solicitó el ingreso en prisión de los cinco miembros de La Manada para asegurar el cumplimiento de la condena a 9 años de prisión que les fue impuesta por un delito continuado de abuso sexual, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra la ratificó.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) confirmó el pasado día 5 la condena de 9 años de prisión, por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento impuesta a los cinco miembros de La Manada, con el voto discrepante de dos magistrados que entienden que hubo agresión sexual, es decir, violación.
Una vez estudiada esa sentencia, la Fiscalía de la Comunidad Foral comunicó que presentó un escrito ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial solicitando el ingreso en prisión de los cinco condenados e interesando igualmente la celebración de la correspondiente comparecencia.
Justifica esta decisión al entender, entre otros argumentos, que "una vez confirmada la condena a 9 años de prisión, la no modificación de los llamados hechos probados por el TSJN al resolver el recurso de apelación y las especiales características del recurso de casación, hacen necesario asegurar el cumplimiento de la condena" y evitar la "posibilidad de que los penados se sustraigan a la acción de la justicia, haciendo ilusoria esa condena".
Asimismo comunica que va a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo al mantener su consideración inicial de que los hechos son constitutivos de un delito continuado de "agresión sexual y no sólo de abuso sexual", un criterio que, según remarca, fue también acogido en el voto particular manifestado por dos de los cinco magistrados.
Esos dos magistrados, Joaquín Galve (presidente del TSJN) y Miguel Ángel Abárzuza (ponente), creen, a diferencia del criterio mayoritario del tribunal, que es "procedente incardinar las conductas realizadas por los acusados en el delito de agresión sexual y no en el de abuso con prevalimiento".

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