El Gobierno impedirá que la Generalitat pueda tramitar expedientes de gasto destinados a financiar el referéndum ilegal
El Boletín Oficial del Estado recogía ayer la medida aprobada por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos para supervisar las cuentas de la comunidad autónoma de Cataluña, con el fin de asegurarse de que no se utilizan fondos públicos para sufragar los gastos de organización del referéndum de independencia que la Generalitat pretende celebrar el próximo 1 de octubre. La medida, cuya entrada en vigor es "inmediata", según se recoge en el documento publicado, establece que el interventor general de la Comunidad Autónoma de Cataluña deberá remitir todos los miércoles el certificado final al Ministerio de Hacienda y Función Pública, empezando el próximo miércoles, 26 de julio.
La decisión gubernamental fue anunciada este viernes por el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, quien ha explicado que se trata de una propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para "impedir que la Generalitat pueda tramitar expedientes de gasto destinados a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre", algo que ya fue rechazado por el tribunal Constitucional al anular las partidas del presupuesto catalán destinadas al referéndum.
la opinión del Gobierno
Según Méndez de Vigo, el control de las cuentas autonómicas se justifica en que, pese a la prohibición de destinar dinero público a la organización del referéndum, los responsables del gobierno autonómico anunciaron su voluntad de seguir adelante con su celebración. "Si un Gobierno quiere utilizar el dinero para otras cosas que, además, son ilegales, tendrán que ser ellos los que lo sufraguen, porque no lo sufragarán con el dinero de todos los catalanes", subrayó.
Además, hizo hincapié en que existe "derecho" a "saber que nadie utiliza ese dinero de todos para algo que es solamente la pretensión de unos pocos" y en que se trata de una medida "preventiva" en favor de la "seguridad y bienestar" de los catalanes "para garantizar que el dinero va donde los catalanes quieren que vaya, que es a prestar los servicios públicos esenciales y no un referéndum ilegal".
Aún así, fuentes de Hacienda explicaron que el objeto de la medida no pretende en ningún caso la suspensión de las transferencias del FLA a Cataluña -cuyas condiciones seguirán siendo las mismas- sino que hace hincapié en la necesidad de que los funcionarios y trabajadores de la Generalitat de Catalunya informen de cada una de las facturas y gastos aprobados por el gobierno autonómico.
Según el documento publicado en el BOE, se trata de un mecanismo que ya está previsto en la normativa del FLA y que contempla la posibilidad de reclamar a las comunidades autónomas "la remisión adicional de determinada información" por razón de "cuantía, evolución, naturaleza económica o finalidad", algo que Hacienda considera necesario "a la vista de las nuevas circunstancias" en la región.
Así, la nueva medida impone la obligación de remitir, en lugar del informe mensual que se reclamaba hasta ahora, un informe de manera semanal al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Puigdemont pide que se devuelva dinero gastado en la "guerra sucia"
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pidió ayer al Gobierno que devuelva a Cataluña los intereses que los catalanes han pagado para recibir el Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) y su dinero invertido para rescatar la banca y las radiales de Madrid y para sufragar la "guerra sucia". En una serie de seis mensajes en Twitter, Puigdemont replicó así al anuncio del Gobierno, que ael viernes acordó aumentar el control sobre los gastos de la Generalitat de Cataluña para evitar que destine "ni un solo euro" a convocar el referéndum que pretenden celebrar los independentistas el 1 de octubre, y, en caso contrario, suspenderá las entregas del FLA.
En una serie de seis mensajes en Twitter, Puigdemont pide al ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que el ejecutivo devuelva a los catalanes los intereses abonados por el FLA, así como su dinero invertido para sufragar la "guerra sucia" y pagar "informes falsos", para rescatar a la banca y las autopistas radiales de Madrid o para indemnizar a los promotores de la plataforma Castor.
En sus mensajes, Puigdemont adjunta un recorte de prensa en el que se detalla una frase textual pronunciada ayer por Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno: "Ni un euro público de los catalanes sufragará la consulta ilegal. Es una medida preventiva".
"Los euros públicos de los catalanes que han servido para sufragar la guerra sucia y han pagado informes falsos, ¿nos los puede devolver, ministro?", indica en el primero de sus tuits de respuesta al anuncio del Gobierno. n
