Una víctima de una presunta estafa inmobiliaria en Vigo: “Me quedé en la calle”

El acusado de ofertar alquileres falsos, y que acumula denuncias con al menos dos condenas, negó ayer el fraude ante la Audiencia

El acusado, ayer, en el banquillo durante el juicio celebrado en la Audiencia
El acusado, ayer, en el banquillo durante el juicio celebrado en la Audiencia

Conocido en redes sociales por personas que aseguran haber sido víctimas de sus estafas en alquileres y con al menos dos condenas a sus espaldas, Pedro M. volvió ayer al banquillo de los acusados en la Audiencia, esta vez directamente desde la prisión de A Lama.

La Fiscalía solicita para él cuatro años y seis meses de prisión por un delito de estafa agravada. Le acusa de apropiarse del dinero de una mujer y un matrimonio que le ingresaron en concepto de reserva y de fianza de alquiler de sendos inmuebles que no llegó a arrendar.

Una de las perjudicadas declaró que contactó con el acusado a través de su hijo, que lo conocía. “Estaba en ese momento en un piso que tenía alquilado una amiga y quería mudarme. Él me dio confianza. Primero le hice la entrega de una reserva, luego, como no pedía nómina ni aval, una fianza y después el seguro. Llegó a dejar el domicilio y me quedé en la calle, con mis cosas en un trastero y al final sin el alquiler", explicó la mujer, que perdió 1.200 euros. La historia se repitió con una pareja, que, tras ver un anuncio en una página web contactó con el acusado. “Fue a través de wasap”, explicaron. Aunque intentaron ver la casa en varias ocasiones, “no se presentó o ponía excusas”. En este caso, fue la expareja del acusado la que les alertó de que era un estafador. Perdieron 700 euros. “No hicimos contrato, le dimes el dinero de buena fe”, explicaron.

Por su parte, Pedro M. se negó a contestar a la Fiscalía y acusación particular y solo contestó a su defensa, para negar el fraude, limitándose a decir que “oferté una habitación, nunca un piso porque no soy propietario”.

Su abogado pidió la absolución al no haberse aportado pruebas de los anuncios de los inmuebles ni las conversaciones telefónicas, aunque la Policía sí constató en sala que el procesado recibió en su cuenta las cantidades denunciadas por los perjudicados.

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