El ritmo de desahucios en Vigo, al alza con once a la semana

Durante los meses de abril, mayo y junio, el ritmo de ejecución de desahucios en Vigo fue frenético, con una media superior a los once desalojos forzosos cada semana. La estadística en manos del Servicio de Notificaciones y Embargos refleja que fueron un total de 134 los pisos y locales en los que se llevó a cabo un lanzamiento. No obstante esa cifra no significa que el número de desahucios haya aumentado, ya que, según explican desde esta oficina, lo que ha ocurrido es que se ha acelerado el trabajo dando salida a asuntos pendientes. De hecho, las órdenes de desalojo que llegaron en los tres últimos meses al servicio judicial fueron menos que las del primer trimestre y también que las del mismo periodo del año anterior. En concreto, los desahucios para ejecutar remitidos entre abril y mayo llegaron a los 112, frente a los 122 del mismo periodo del año pasado y los 133 registrados entre enero y marzo de este mismo 2022.

Tampoco los números describen al 100% la situación real, ya que solo llegan al Servicio de Notificaciones los casos en los que el demandado sigue en el inmueble a pesar de los requerimientos judiciales, lo que obliga a la comisión judicial a ejecutar el lanzamiento. Sin embargo, explican desde la oficina que hay otra parte que voluntariamente lleva a cabo el desalojo y entrega de llaves sin necesidad de un desalojo “forzoso”. La mayoría de desahucios siguen afectando mayoritariamente a inquilinos morosos y en menor medida quienes suscribieron una hipoteca para la compra de vivienda y por motivos económicos dejaron de pagar. Junto a los alquileres de viviendas también se mantienen los de locales o negocios, aunque no se ha notado un incremento notable respecto al año pasado, explicaron las mismas fuentes. Tampoco destacaron este periodo los casos de okupas, sin casi incidencia, mientras que se siguen interrumpiendo plazos en busca de alternativa en situaciones de especial vulnerabilidad, como familias con hijos menores o personas mayores y dependientes, sin opciones de encontrar una salida laboral.

Con los embargos el fenómeno fue similar, aunque se ejecutaron 139 (al ventilarse órdenes para ejecutar pendientes) el número de los ingresados bajó por primera vez del centenar, con 97 nuevos casos que llegaron en esos tres meses, mientras que el año pasado fueron 137 y el trimestre anterior 132. La razón podría estar ligada al incremento de peticiones de hogares, familias y particulares que solicitaron entrar en concurso de acreedores para evitar que sus bienes acaben en una subasta. La opción de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad es cada vez más demanda. En los seis primeros meses del año, se presentaron 69 solicitudes ante el juzgado, frente a las 21 en el mismo periodo de 2019. Poder alcanzar un acuerdo con los acreedores para el pago de la deuda es una vía de salida para los hogares asfixiados al igual que las empresas. La mayoría de bienes objeto de embargo se refiere a patrimonio inmobiliario o vehículos descartándose cada vez más objetos como muebles, que cada vez tienen menos valor y del que los acreedores saben que apenas podrán conseguir beneficio.

El desalojo del poblado de O Caramuxo, en "stand by"

Uno de los desahucios que fue objeto de suspensión y paralización tras una sentencia judicial es el del asentamiento del polígono del Caramuxo, en Navia. La causa llegó a estar en manos del Servicio de Notificaciones, el último paso antes de ejecutarse, pero fue devuelta. La propia empresa que se hizo con los terrenos solicitó en un primer momento la paralización del desahucio de las 22 familias en diciembre pasado hasta pasar las fiestas navideñas. Después, volvió a suspenderse, ya que los servicios sociales reconocieron la especial vulnerabilidad de los residentes.