La familia de Chandebrito busca nueva casa antes de que se reactive su desahucio

La familia de Chandebrito sobre la que recae una orden de desahucio continúa removiendo cielo mar y tierra para no quedarse en la calle. Con el apoyo de varias plataformas de la comarca y de los grupos Podemos Val Miñor e IU lograron, bajo orden judicial, la paralización del proceso que debería de haberse hecho efectivo el 18 de octubre. Ahora, a pocos días de su reactivación, se enfrentan a un nuevo problema que les impide encontrar un nuevo hogar y en esta ocasión no por la carencia de medios económicos. Y es que ni las ayudas incluidas dentro del programa Bono Alugueiro Social que les fueron reconocidas el pasado viernes logran vencer la barrera de la desconfianza ante el temor de futuros impagos en las rentas de alquiler por ellos hacen un llamamiento para que se tenga en consideración su buena fe.

Los problemas que atravesaron con anterioridad se fueron materializando en forma de burofaxes enviados tanto por el propietario de la vivienda en la que residen desde hace tres años en el núcleo nigranés como de la aseguradora del alquiler. Les comunicaron que llegado el vencimiento del actual contrato fijado para finales de mes no se efectuaría una nueva renovación del documento. Pero el conflicto no acabó aquí y recuerdan que lo peor de todo fue el momento en el que recibieron la visita de un agente judicial con un requerimiento para dejar la casa. Superado el trance el tiempo sigue corriendo y las negativas para encontrar casa se repiten de manera sistemática “Hemos llegado hasta Allariz pero en cuanto hablamos del bono se cierran en banda con el pretexto de que la Administración tarda demasiado en hacer efectivos los pagos” indican.

Los afectados tienen sendas invalideces reconocidas, con un menor a cargo sobreviven con 500 euros al mes que él percibe de pensión. Hasta finales de 2020 fueron capeando los pagos pero los problemas cuando a una de las integrantes del núcleo familiar, Adriana Ramos, le retiraron las ayudas al agotar todos los plazos pese a tener diagnosticado el síndrome de cola de caballo. Una dolencia que causa la compresión de las raíces nerviosas en la base de la columna vertebral y que la obliga a estar sondada. Su problema, pese a contar con una incapacidad permanente, reside en que su dolencia está catalogada de enfermedad común y ahora mismo está a las puertas de poder cobrar una retribución, pero para ello tiene que completar los seis meses que le faltan para llegar a los 1.800 días trabajados en los últimos 10 años, tal y como marca la legislación. “Es un círculo vicioso, mi reconocimiento me impide trabajar y sin trabajo no completo lo que me falta”, indica.

Llegados a este punto los frentes y las deudas fueron en aumento y aunque recibieron ayudas puntuales del departamento de Servicios Sociales, estas no cubrieron todas sus carencias. Mantiene que otro de los puntos en su contra fue la falta de asesoramiento acerca de los programas autonómicos y de los que se enteraron por otras vías. Inciden en el apoyo obtenido de plataformas como la Asociación Miñorana de Emerxencia Social que liquidó una de las facturas pendientes lo que les permitió entrar en el Bono Alugueiro de la Xunta. Desde Podemos piden una alternativa y ven una posibilidad en la fórmula puesta en práctica en el campus universitario de Baiona que se sirve de pisos vacíos con alquileres de temporada.