Rechazan la condena a 15 años de prisión a una extrabajadora de Vitrasa por el incendio de dos buses

Los sindicatos UGT, CIG y CC.OO. han expresado este viernes su rechazo frontal a la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que en julio pasado condenó a 15 años de prisión a Patricia F.N., extrabajadora y delegada sindical en la concesionaria del autobús urbano de Vigo (Vitrasa), como coautora de dos incendios en sendos vehículos. Su pareja, considerado el autor material de los hechos, fue sentenciado a 22 años de cárcel.

Las centrales sindicales consideran que la pena es “desmedida” y responde a un carácter “ejemplarizante”, dirigido —afirman— a intimidar al movimiento sindical en un contexto de conflicto laboral en la empresa.

En rueda de prensa, el secretario comarcal de UGT Vigo, Ernesto Fontanes, denunció que Patricia fue condenada “por ser pareja del autor material y sin pruebas concluyentes”. “Un fallo así no se aplica ni a los terroristas. Es una barbaridad”, lamentó. Fontanes insistió en que la resolución “manda un mensaje al movimiento sindical: quietos ahí, quietos todos”, y confió en que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) revoque la sentencia, ya recurrida por la defensa.

Por su parte, la secretaria comarcal de CC.OO. Vigo, Montse Carrera, recordó que los incendios —ocurridos en vísperas del 1 de mayo de 2023— se enmarcaron en un conflicto laboral prolongado en Vitrasa, donde la trabajadora “tenía la doble carga de ser conductora y representante sindical”. Carrera criticó que la Audiencia usase como prueba en su contra el hecho de que Patricia no intentase extinguir el fuego en su autobús: “No todo el mundo actúa igual en una situación límite. Hemos visto accidentes laborales mortales sin sentencias como esta. El mensaje es claro: ‘quietecitos, o iremos por aquí’”.

Desde la CIG, su secretario comarcal, Alberto Gonçalves, calificó la resolución judicial como “tremendamente injusta”, asegurando que busca ser “disciplinadora” dentro de una “estrategia deliberada de criminalización del sindicalismo”. Gonçalves subrayó que los hechos se produjeron durante una huelga y en un contexto de “tensión provocada por la intransigencia de la empresa y la complicidad del Ayuntamiento”. “Creemos firmemente en la inocencia de Patricia”, afirmó. El dirigente sindical denunció también la aplicación de lo que llamó la “justicia del embudo”, señalando que “su parte ancha siempre se reserva para los poderosos”. “Hemos visto despidos masivos, precariedad y abusos empresariales que arruinan vidas, pero nunca con condenas tan severas. Aquí, la justicia actúa con distinta vara de medir”, concluyó.

Los tres sindicatos coincidieron en que este caso supone un precedente peligroso para la acción sindical y anunciaron que seguirán movilizándose en apoyo a la extrabajadora y en defensa del derecho a la protesta.