Pisos turísticos niegan que su exclusión beneficie al alquiler

Mientras el Gobierno central señalaba ayer que la revocación de pisos turísticos, 227 en Vigo y 1.249 en la provincia, contribuirá a reforzar el alquiler de vivienda residencial y a contener los precios, los propietarios de estos inmuebles rechazan esta posibilidad.

La Federación de Asociaciones de Propietarios de Alquileres Vacacionales y Temporales dijo ayer que hasta ahora ningún Gobierno que haya prometido engrosar la oferta de alquiler residencial a base de prohibir las viviendas turísticas logró que se cumpliese.

Aseguran también que el único efecto de esta exclusión del registro de alojamientos temporales es que no podrán anunciarse en páginas webs que promocionan estas ofertas.

El colectivo señala que los 53.876 pisos turísticos no son ilegales por el hecho de haber sido excluidos del registro y que deberán ser las comunidades autónomas las que revoquen, si es oportuno, las licencias concedidas o declaraciones responsables emitidas.

A mayores, anuncian que estas viviendas se dedicarán a un alquiler de corta estancia o se cerrarán “a cal y canto” por los propietarios. España cuenta actualmente con cerca de 4 millones de viviendas vacías, más del 14% del total.

Los empresarios señalan que los precios del alquiler no son asequibles para muchas familias porque no se construye vivienda social o protegida, así como por la falta de suelo para construir en muchos municipios. La Federación añade un factor más, el interés de los fondos de inversión que compran inmuebles enteros para dedicarlos a viviendas turísticas, una tendencia que podría incrementarse si se siguen poniendo trabas.

El subdelegado del Gobierno en la provincia destacó ayer la actuación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana “en contraste con el obstruccionismo de la Xunta”, poniendo coto a las disfunciones del mercado del alquiler turístico. Según dijo, “es una medida, no solo valiente y pionera en Europa, sino también muy necesaria”.

En su opinión, el mercado de la vivienda no funciona de una forma convencional, es decir en base a oferta y demanda, y además “se sustenta mayoritariamente sobre el suelo urbano que es ordenado, urbanizado y dotado de servicios por el sector público. Por tanto, la Administración Pública puede y debe intervenir”. Finalmente, reconoció que faltan todavía por desplegarse políticas para impulsar la construcción de vivienda protegida, “esa que Feijóo liquidó del mapa de nuestras ciudades y que ahora hay que rescatar a toda prisa”.

También opinó sobre este asunto el BNG para pedir que se ponga fin al “absoluto descontrol y política de barra libre” con las viviendas de uso turístico en Vigo. Su portavoz, Xabier Igrexas, culpa al Concello y a la Xunta de facilitar su proliferación por falta de medidas y lamenta que la mitad de estos pisos no estén registrados en el Ministerio de Vivienda a pesar de que es obligatorio.

Este grupo recordó que en los últimos cinco años, el número de viviendas de uso turístico pasaron de 400 a las 2.400 que hay en la actualidad y que representa el 40% de todas las que hay en Galicia. “El alquiler es un 30% más caro desde 2020 y esta proliferación hizo que en Vigo existan cinco pisos turísticos por cada vivienda disponible para el alquiler residencial”.

Igrexas pedirá al Gobierno vigués una relación de la declaración de actividad de los pisos turísticos, que verifique posibles incumplimientos en materia de habitabilidad y accesibilidad, y que traslade a la Xunta los incumplimientos. También preguntará por la ordenanza municipal que se anunció para regular este asunto.