Piden crear zonas tensionadas en Vigo para bajar los precios

Alianza pola Vivenda alega que la medida funciona en A Coruña, en Cataluña y Euskadi

Numerosos participantes en la protesta de Porta do Sol.
Numerosos participantes en la protesta de Porta do Sol. | J.V. Landin

La Alianza pola Vivienda, una plataforma creada en Vigo hace dos años y en la que participa el Sindicato de Inquilinas, reclama soluciones también a nivel local y autonómico para el problema de la vivienda.

A la espera de conocer en detalle los decretos aprobados por el Gobierno, consideran que las medidas son “insuficientes”, en primer lugar porque la protección frente a los desahucios no es permanente sino que tiene un horizonte temporal (2030), al igual que sucede con la prórroga de dos años de los contratos que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, con lo que a partir de esa fecha la situación será la misma. Por otro lado, ven positivo que se regule el alquiler de pisos turísticos y por habitaciones porque “era un agujero negro”.

Para los colectivos de la alianza “es un primer paso, pero no son medidas estructurales” y creen que se pueden hacer muchas más cosas, también a nivel local y autonómico. “Lo que hace falta es valentía y voluntad política”, subrayan.

En esta línea reclaman a la Xunta la construcción de más viviendas protegidas y al Concello de Vigo le proponen la declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionado con el objetivo de bajar los precios. Esta medida, que se aplicó en el Concello de A Coruña, logró reducir el precio de los alquileres un 7% en su primer año. Desde la Alianza pola Vivenda destacan que en muchas otras ciudades de Cataluña y Euskadi también lograron contener la subida de precios e incluso abaratarlos. Frente a esto, el precio de la vivienda de alquiler subió un 10% el año pasado en la ciudad. En Vigo, el Concello había encargado un informe para una posible declaración de zonas tensionadas, pero no se llegaron a aprobar.

La Alianza pola Vivenda fue impulsada por Amnistía Internacional, el Sindicato de Inquilinas y Os Ninguéns, pero posteriormente se sumaron una quincena de colectivos sociales vecinales, ecologistas y culturales que llevan meses movilizándose por la vivienda.

Rehabilitar, más vivienda social y actuar sobre los pisos vacíos

Más allá de los decretos que logró pactar el Gobierno, los colectivos de la Alianza pola Vivenda reclaman una mayor implicación de las administraciones. En primer lugar, creen que construir vivienda nueva no es la única solución. Recuerdan que de los 4 cuatro millones de pisos vacíos que hay en España, medio millón están en Galicia y consideran que se podrían aprobar incentivos para que salgan al mercado del alquiler. En Vigo hay cerca de 13.000 viviendas vacías.

Dentro de esta política, proponen también ayudas para la rehabilitación de los pisos que no salen al mercado del alquiler porque necesitan reparaciones.

Sobre las viviendas protegidas, señalan que las 4.000 que se anuncian para toda Galicia no son suficientes, puesto que solo en Vigo hay más de 10.000 demandantes de vivienda. En el caso de Vigo, solicitan también que estas viviendas no se concentren solo en Navia.

El precio de la vivienda creció un 31% en Vigo de 2019 a 2024

El Concello de Vigo encargó hace dos años a una consultora la elaboración de un informe sobre la posible declaración de zona de mercado residencial tensionada, una medida contemplada en la Ley del Derecho a la Vivienda de 2023 para topar los precios.

Este infome sobre la situación del mercado residencial de la ciudad era precisamente el paso previo para la declaración de zona tensionada, pero finalmente no se llegó a tomar una decisión en la Gerencia de Urbanismo.

Los colectivos sociales urgen que se reabra un debate sobre esta cuestión, sobre todo tras conocer la experiencia de otras ciudades.

El concepto de mercado tensionado se apoya en dos conceptos: que el coste de la hipoteca o alquiler supere el 30% de los ingresos medios del hogar y que el precio haya crecido en los últimos cinco años tres puntos por encima del IPC de la Comunidad Autónoma. Vigo no cumple con el primer apartado, teniendo en cuenta los datos de la renta media de los hogares, según el estudio encargado por el Concello. Sin embargo, sí entra de lleno en la segunda opción, el incremento de los precios en los cinco años anteriores a la declaración de zona tensionada.

El IPC creció un 20% entre 2019 y 2024 en Galicia. En Vigo, el precio de la vivienda creció un 31 % en ese periodo, al pasar de los 495,10 euros que se pagaban en diciembre de 2019 a los casi 650 euros del año 2024. Esto indica que el precio medio de la vivienda superó con mucho el porcentaje que establece la ley para declarar una zona tensionada. Sin embargo, en el estudio detallado se comprueba que hay zonas donde no subieron tanto los precios y que son 17 los códigos postales donde se produjo el mayor aumento de precios inmobiliarios, como una parte del casco urbano y parroquias que lindan con las playas como Coruxo, Oia y Saiáns. Por otro lado, el informe indica que la irrupción de los pisos turísticos provocó una subida de precios e impide el crecimiento de la ciudad en población.

El precio medio del metro cuadrado de vivienda en Vigo ha ido creciendo en los últimos años, al pasar de los 1.393,80 euros por metro cuadrado del año 2014 a los 1.757,80 euros del año 2023. A pesar de esto, los precios están por debajo de los años que precedieron a la grave crisis económica de 2008 cuando se pagaba el metro cuadrado a 2.452 euros, una etapa en la que el volumen de compra-venta de viviendas era muy superior al actual.

En otro orden de cosas, la Alianza pola Vivenda reclama la construcción de más viviendas sociales. En Vigo hay algo más de 150.000 viviendas y le corresponderían, en caso de querer llegar a la media europea, unos 22.000 pisos protegidos. En España el parque de vivienda social representa el 1,7% del total y en Europa llega al 9%. El porcentaje idóneo es del 15%. Al margen de esto, proponían la existencia de viviendas para casos de emergencia, una situación que en Vigo se solventa con el pago de pensiones a los afectados.

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