Mitad de petición de pena para los tripulantes del “Karar”

La macrosala de la Cidade da Xustiza vivió ayer la que será, si se cumplen los plazos, la penúltima jornada del juicio por el alijo de 4 toneladas de cocaína en el buque “MV Karar” tras un año de sesiones. En ella, defensa y acusaciones presentaron sus conclusiones y el Ministerio Fiscal hizo su informe final. 

Así, el fiscal Pablo Varela anunció la rebaja de la petición de pena a los 15 tripulantes del “Karar” (9 nepalíes, 5 bangladeshíes y un gallego) de 13 años y medio a 7 años y medio para el gallego, el capitán y el segundo al mando; y a 7 años y 3 meses para el resto. Todos ellos acabaron admitiendo durante la vista oral que sabían que salían desde Panamá hacia Galicia con un cargamento de cocaína que cargaron frente a la costa de Colombia.

En el caso de Juan Carlos Santórum y su entorno, y del resto de acusados, el Fiscal ha reafirmado su acusación y ha mantenido la petición de penas: 18 años y medio de cárcel y 438 millones de euros de multa para el arousano, considerado el ‘cabecilla’ de la organización; 19 años y medio para un exfuncionario de Aduanas, Pablo S.V., y su mujer, Mónica F.L. (a quienes también se les imputa el delito de blanqueo); 15 años y medio para José Yamandú R.G. (por imputarle también un delito de tenencia ilícita de armas) y 13 años y medio para el resto.

Las defensas de los tripulantes, además de confesión tardía alegaron dilaciones indebidas y solicitaron 6 años de pena, pidiendo que se conmute el resto –ya pasaron 4 años en prisión preventiva– por la expulsión inmediata del país en el caso de los extranjeros.

Apuntan que las pruebas son “cristalinas y transparentes”

Los abogados defensores, que hoy presentarán sus informes finales, solicitaron en la sesión de ayer que se aplique la atenuante de dilaciones indebidas. A mayores, la defensa de René R. (ciudadano colombiano que presuntamente tenía los contactos para controlar la singladura del narcobuque) puso en tela de juicio la validez de las escuchas y aseguró que se vulneraron los derechos de su cliente. Por su parte, la de Santórum y otros seis acusados de su entorno cuestionó la cadena de custodia de algunas pruebas y señaló la “ausencia física de pruebas de convicción” pidiendo la libre absolución.

El fiscal Pablo Varela salió al paso de estas acusaciones durante la presentación de su informe final, en el que aseguró que es “inadmisible” suponer la existencia de dilaciones indebidas al tratarse de un juicio con 29 acusados y una gran cantidad de diligencias: “Pasaron menos de tres años desde la última de las detenciones practicadas hasta la realización del juicio oral”, remarcó. 

Reprochó a las defensas que convirtieran las sesiones practicadas en “un juicio a la actividad policial” en lugar de a la actividad de los acusados y señaló el “elefante en la habitación” al que estas nunca se quisieron referir: “Toda la actividad policial estuvo informada por el Ministerio Fiscal y autorizada por el juzgado, y estos informes representan un porcentaje muy elevado de lo que se presenta en esta causa”. Afeó que en ninguna de las jornadas de la causa los abogados defensores rehusaran mencionar dichos informes para poner en tela de juicio la actividad policial.

Mientras detallaba todos los hechos de los días previos al apresamiento del barco, el Fiscal apuntó que algunas de las conversaciones de las escuchas “son confesiones cristalinas y transparentes del modo de proceder con el barco” y afirmó que “nunca antes en mi carrera me había encontrado con pruebas tan significativas de la culpabilidad de los acusados”.