Los jueces de Instrucción en pie de guerra: “Suprimir un juzgado ataca derechos básicos”

La publicación del Real Decreto que transformará el actual juzgado de Instrucción 8 de Vigo en una plaza de la sección de Violencia sobre la Mujer ha puesto a los jueces de esta jurisdicción en pie de guerra. Tras conocerse la decisión del Ministerio de Justicia, los ocho magistrados se reunieron el jueves en junta sectorial, bajo la presidencia del juez decano, para aprobar un informe sobre las consecuencias de esta medida, remitirlo a la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) y que lo traslade al Consejo General del Poder Judicial, solicitando de forma prioritaria, reconsiderar la decisión y dejarla sin efecto.

Lo hacen en términos más rotundos, después de que, durante el proceso, ya formularan sus propuestas e instaran a revisar los criterios utilizados, “solicitando reiteradamente un espacio de diálogo en el que valorar conjuntamente las necesidades reales del partido judicial”, sin que nada haya sido atendido. Así lo suscriben los jueces en un documento, en el que critican que la decisión se haya adoptado de “forma unilateral y sin escuchar a los operadores jurídicos”. Los titulares de Instrucción no solo muestran su “desolación” y “rechazo” por la reforma legal sino que advierten de que “constituye una alteración sustancial del equilibrio funcional de esta jurisdicción”, “debilita el sistema" y “ataca derechos y principios básicos”.

El documento enumera una a una las consecuencias de la transformación prevista, afirmando que “se dañan de manera ostensible los derechos de los ciudadanos del partido judicial” y se hace de mejor interés los asuntos en los que las víctimas sean mujeres o víctimas de violencia sexual, frente al resto que lo son de otros delitos como estafas, robos, lesiones, tráfico de drogas… que verán demorada la resolución de las causas.

Al mismo tiempo, sostienen que “se minusvalora a Vigo, principal ciudad de Galicia, haciéndola de peor condición que otras de igual población". “La eliminación de una unidad judicial de instrucción generalista, no se justifica, ni en términos de racionalidad operativa, ni desde el punto de vista de eficiencia del servicio público”, afirma el informe.

Otro de los impactos de esta decisión es, dicen los jueces, la afectación a “nuestros derechos estatutarios básicos”, en particular al principio de inamovilidad, al obligar al titular del juzgado afectado a asumir, sin haberlo solicitado, un nuevo destino especializado en violencia sobre la mujer. “Se impone una modificación sustancial de sus funciones”.

Igualmente, los magistrados señalan que perjudica “gravemente” su salud laboral, ya que dicha supresión obliga a asumir a cada juzgado de Instrucción restante una carga adicional de 400 asuntos de media y realizar guardias cada siete semanas, con menos disponibilidad para señalar actuaciones ordinarias del juzgado, mientras se atenta contra su retribución económica, pues la reforma conlleva una pérdida efectiva de retribuciones al desaparecer las guardias de delitos leves inmediatos, sin que se haya previsto compensación alguna.

Así, solicitan también que, en tanto no se revoque la medida, se preserven los derechos estatutarios y económicos de los magistrados afectados, garantizando que la transformación de plazas no implique pérdidas retributivas, ni alteración forzada de funciones, modificando el acuerdo del CGPJ para adaptar el régimen de retribuciones al nuevo escenario por la supresión de las guardias de delitos leves inmediatos.

Reconocimiento a su esfuerzo y críticas a la falta de apoyo

Especialmente críticos son los jueces con la actuación tanto por parte del CGPJ como del TSXG, por su falta de respuesta institucional, sin “reacción, ni pronunciamiento, ni mediación visible en defensa de la planta judicial de Vigo”, pero tampoco sin “comprensión, ni compromiso institucional”. Afirman sentirse “impotentes” y estar “hartos”, y exigen que se reconozca su “esfuerzo, dedicación y compromiso”, evitando decisiones que comprometan su estabilidad profesional, salud laboral y eficacia del servicio público que prestan.

Caballero aborda con Bolaños mantener los ocho juzgados

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, mostró ayer su confianza en que Vigo mantendrá sus ocho juzgados de Instrucción, a los que se sumará otro de Violencia sobre la Mujer. El regidor hizo estas declaraciones tras las conversaciones mantenidas con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, sobre el Real Decreto publicado esta semana que establece la transformación del juzgado vigués dentro de la creación de 50 nuevas plazas de jueces y 42 de fiscales especializados en Violencia sobre la Mujer.

El regidor avanzó que trabajará con Bolaños para buscar la fórmula de que el nuevo decreto, que entrará en vigor el 31 de diciembre, no perjudique la situación judicial de Vigo. “El ministro y yo vamos a trabajar juntos y seguiré defendiendo la ciudad con optimismo de que lo conseguiremos, mantener los ocho juzgados de Instrucción y crear otro de Violencia, porque tenemos el número de causas suficientes y porque muchas veces estas son de especial complejidad”, afirmó Caballero.

El PP propone un acuerdo unánime del pleno

El Partido Popular de Vigo presentó, por su parte, una declaración institucional para que el pleno de la corporación municipal exija al Gobierno de España que la creación de un segundo juzgado de Violencia sobre la Mujer no conlleve la eliminación de “ninguna otra sala existente”. Así lo recoge el escrito registrado ayer para su inclusión en el orden del día de la sesión extraordinaria que se celebrará el próximo jueves 12 de junio.

Tal y como explicó la presidenta local del PP, Luisa Sánchez, la iniciativa busca reclamar al Gobierno central que “reconsidere el evidente agravio que supone suprimir la octava sala de Instrucción de Vigo para crear, en su lugar, un segundo juzgado de Violencia sobre la Mujer”.