Uno de los actuales juzgados de Instrucción de Vigo será la segunda sección de Violencia sobre la Mujer
El Gobierno ha decidido transformar la plaza 8 de Instrucción en una nueva sala especializada de violencia de género, ante las nuevas atribuciones de esta jurisdicción y pese al rechazo unánime desde la ciudad
Uno de los cambios de la nueva Ley de eficiencia judicial afecta de lleno a las competencias de los hasta ahora juzgados de Violencia sobre la Mujer, que incrementarán notablemente sus competencias, al asumir todos los delitos contra la libertad sexual de las mujeres y mujeres menores, los de mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y trata con fines de explotación sexual cuando la persona ofendida sea mujer.
Para atender ese aumento de atribuciones, que en Vigo se traducirá en casi un 13% más de asuntos, el Ministerio de Justicia ha optado por transformar una de las futuras ocho secciones de Instrucción (actuales juzgados) en una nueva sección especializada en violencia de género.
El Real Decreto, publicado ayer, habla de secciones y no de juzgados, ya que estos, tal y como se conocen, desaparecerán para convertirse en parte de un único Tribunal de Instancia. En la práctica es un cambio de nomenclatura pero también de organización del trabajo.
El Gobierno tenía previsto crear, por tanto, nuevas secciones especializadas en materia de violencia machista y sexual atendiendo a las circunstancias de cada partido judicial, estudiando la opción de transformar algunas de las existentes. Los temores de Vigo, que aspiraba a mantener sus ocho secciones de Instrucción, se cumplieron.
Según recoge el mencionado Real Decreto, en Galicia solo se crearán nuevas secciones de Violencia sobre la Mujer en Santiago y Ourense, mientras que A Coruña y Vigo la plaza número 8 de Instrucción del Tribunal de Instancia se convertirá en la número 2 de Violencia de Género. Afirma el Ministerio de Justicia que la decisión se basa en “un análisis previo de las cargas de trabajo” y que la alternativa de transformación “resulta una distribución equilibrada” entre el número de asuntos que se reducirán en Instrucción al pasar a formar parte de Violencia sobre la Mujer. Asimismo, sostiene que, la medida, que entrará en vigor el 31 de diciembre de 2025, será revisada al transcurrir un año, analizándose los datos para “valorar la necesidad de realizar nuevas adaptaciones”.
Rechazo unánime en Vigo: TSXG, jueces, funcionarios, Concello y Xunta
Los primeros en mostrar de forma unánime su rechazo a una posible transformación de una sección de Instrucción en Violencia de Género fueron los magistrados de los ocho órganos vigueses. Lo suscribieron en un acuerdo en junta sectoral de fecha uno de abril que fue remitido a la sala de gobierno del TSXG, en la que incidían en el negativo "impacto de la supresión de un juzgado de Instrucción en uno de Violencia sobre la Mujer” debido a que su funcionamiento se vería lastrado. El acuerdo entonces fue suscrito por el alto tribunal gallego, que mostró su apoyo en reunión del día 11 del mismo mes al acuerdo suscrito, suscribiendo su remisión al Poder Judicial. Ayer mismo, según recogía Europa Press, el TSXG lamentaba la decisión del Ministerio de Justicia, no solo para Vigo sino también para A Coruña.
El conselleiro de Xustiza, Diego Calvo, también mostraba su disconformidad con que no se hubieran creado cuatro secciones de Violencia de Género en Galicia. “Lo que pasa es que en A Coruña y Vigo eliminamos juzgados de instrucción para convertirlos en juzgados de violencia sobre la mujer”, afirmó, incidiendo en las negativas consecuencias de esta medida.
Por su parte, el Concello aseguró que “compartimos la decisión de crear un nuevo juzgado de Violencia sobre la Mujer pero nos parece desafortunado y erróneo que este surja de la transformación de un juzgado de Instrucción”. Afirmó que “la decisión adoptada no es acertada y no puede ser compartida. En Vigo tiene que crearse un nuevo juzgado de Violencia manteniendo los de Instrucción actuales”.
En la misma línea, se mostraron los sindicatos judiciales. Desde CSIF ya anunciaron la posibilidad de un recurso contra esta medida y acusan a la Xunta de inacción.
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