La inspección sanitaria cerró este año cinco establecimientos de Vigo

Este año se detectaron 33 infracciones, de las que 14 eran graves, y gestionaron 75 alertas alimentarias

La seguridad alimentaria es una obligación legal y una preocupación de los propios consumidores.
La seguridad alimentaria es una obligación legal y una preocupación de los propios consumidores. | Vicente Alonso

Los establecimientos alimentarios de la ciudad recibieron en dos años 3.840 inspecciones sanitarias por parte de la Xunta, de las que el 63% recayeron en establecimientos minoristas y el 37% en la industria. En todo el año pasado se hicieron 2.280 inspecciones y en lo que va de año fueron 1.560.

El objetivo final es preservar la seguridad alimentaria de los consumidores, tal como exige la legislación en Europa y también porque es una demanda de la población, como apunta Rubén Gómez Leiras, el jefe del servicio de control de riesgos ambientales de la delegación territorial de Pontevedra, un servicio que depende de la Consellería de Sanidade.

El 30% de los controles que realizan destapan algún incumplimiento, sin contar los leves.

Los casos más graves de este año terminaron con cinco supensiones de actividad en la restauración y una incautación de productos, además de la sanción. Fue la medida más drástica entre los 33 expedientes sancionadores abiertos.

El año pasado abrieron 74 expedientes, 28 de ellos graves con un balance final de 6 suspensiones de actividad, tres de ellas en restauración, y 6 intervenciones cautelares de producto.

Sin embargo, lo normal es que hay acuerdo y las infracciones se subsanen.

Es un trabajo que realizan en la ciudad 16 inspectores de salud pública, veterinarios de profesión, y tres de ellos están permanentemente en la lonja y los establecimientos del puerto.

Las industrias de alimentación figuran en un registro estatal, mientras que los minoristas se inscriben en el Registro Gallego Sanitario de Empresas y Establecimientos Alimentarios (Regasa). En Vigo existe un censo de 3.110 minoristas en el registro gallego y casi la mitad, 1.483, son establecimientos de restauración (cafeterías, restaurantes y comedores sociales de centros educativos, residencias, etc).

El 54% de las inspecciones que realizan a minoristas se concentran en el sector de la restauración, que es también el que recibe más denuncias.

¿Cómo se ponen en marcha estos controles? Hay una actividad programada que se basa en el Plan nacional de control de la cadena alimentaria en la que se fija las visitas a los establecimientos, con mayor o menor frecuencia en función del riesgo objetivo o por el hecho de que ya se hayan detectado incumplimientos previos. El año pasado se hicieron 1.350 inspecciones programadas (incluidas tomas de muestras) y este año, hasta octubre, fueron 925. A mayores hubo inspecciones para comprobar que se habían subsanado deficiencias: 534 el año pasado y 358 este año.

Por otro lado, actúan siempre que hay una alerta de la red europea que notifica cualquier problema de seguridad alimentaria a los lugares donde se distribuyó ese producto para que se hagan las comprobaciones necesarias. Pueden ir desde un problema en el etiquetado porque no figura un alergeno hasta un queso contaminado por una bacteria. El año pasado hubo 116 alertas y este van 75.

Hay un apartado de denuncias, con 55 inspecciones en 2024 y 54 este año, y hay otras actuaciones (225 el año pasado y 148 este año) que tienen que ver por ejemplo con informes para exportación de productos así como el control de brotes alimentarios (ahora investigan uno en Vigo, aunque la cocina está en otro municipio).

La restauración aglutina el 45% de las infracciones, muchas por falta de formación

Casi la mitad de las infracciones, un 45,96%, se concentran en el sector de la restauración. Es un colectivo que tiene ante sí el reto de mejorar la formación. Los inspectores no generalizan, en su día a día han visto negocios que son muy cumplidores y seguros para el consumidor pero otros no tanto. Por eso hacen una llamada de atención. No se trata solo de cómo se preparan los alimentos, sino del control sobre los alimentos, las temperaturas, los enfriamientos, los etiquetados y muchas otras cuestiones. “Recibimos denuncias de personas que van a comer a un sitio y piden un alimento que pensaban que no tenía leche, pero sí la tenía, y acaban en el hospital”.

Preguntados por casos de bebida contaminada, como el sucedido en Lugo por una contaminación con productos se limpieza, explican que en Vigo hubo dos denuncias este año, una de agua y otra de una bebida de avena aunque no estaban relacionadas con productos de limpieza. Es una de las cuestiones que figuran en el protocolo: comprobar que los productos de limpieza estén separados y no haya riesgo de contaminación. En el año 23 sí hubo una denuncia por agua contaminada que generó una quemadura al usuario.

También actúan por alguna campaña estatal: este año inspeccionaron The Champions Burguer en Vialia, por el plan nacional de control de la bacteria E. coli enterotoxigénica en carne picada.

Un decreto de la Consellería de Sanidade de agosto pasado exige a los establecimientos ambulantes, como food truck, pulpeiras o castañeras, que son autorizados y supervisados por los concellos, que se inscriban en el registro gallego, con lo que podrían hacer inspecciones si lo piden los concellos.

La pesca recibe el 75% de los controles, pero pocos infringen

Dentro de las inspecciones que se realizan en la industria, hay muchas menos infracciones que entre los minoristas en parte porque las empresas tienen ya sus controles de calidad y se preocupan por cumplir.

El caso de Vigo es peculiar por las dimensiones que tiene el sector de la pesca. Esto hizo que se destinasen tres inspectores sanitarios en exclusiva al puerto y de hecho el 75% de las inspecciones de la industria se centran en este sector. Sin embargo, en la lista de infractores, solo un 7,02% son de la pesca.

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