El asesino de su exmujer evita el jurado al aceptar 25 años

Pocas veces un acuerdo de conformidad estaba tan justificado como el que se selló en la sección quinta de la Audiencia en Vigo. El juicio con jurado previsto contra el profesor acusado de asesinar a su exmujer en Baiona en 2023 supondría una revictimización clara para sus dos hijos menores que todavía sufren las graves lesiones psíquicas por haber tenido que presenciar la muerte extremadamente violenta de su madre a manos de su padre. El tribunal quería evitarlo y también las propias acusaciones pero el acusado no lo puso fácil.

En prisión preventiva desde 2023, había dificultado la comunicación con su primer letrado, al que renunció en septiembre alegando que no hacía nada aunque era porque el pacto que entonces se le había propuesto era de 26 años de cárcel y no de 24 como él exigía.

A partir de ahí, con una nueva defensa, los intentos por una negociación, que la ley permite con juicios graves siempre y cuando se ratifique antes de la conformación del tribunal popular, habían continuado y ayer se volvió a fijar una vista para intentar suscribir un acuerdo.

Finalmente, el acusado aceptó una pena de 25 años de prisión, 21 por asesinato y otros cuatro por dos delitos de lesiones graves psíquicas hacia sus dos hijos de entonces 6 y 9 años. Admitió los hechos moviendo la cabeza y poco convencido, subiendo los hombros como si no le quedara más remedio. Se enfrentaba inicialmente a una pena que podía llegar a los 35 años de cárcel, aunque no de cumplimiento efectivo.

El fallo suscrito por todas las partes también le retira la patria potestad de los menores, a los que no podrá ver ni comunicarse con ellos desde el inicio de la pena y hasta 15 años después de finalizarla. Tampoco podrá volver a pisar Baiona en 30 años y tendrá que hacer frente a una indemnización total que supera el medio millón de euros. Así, pagará 200.000 euros en concepto de responsabilidad civil a cada uno de sus hijos, a quienes además les indemnizará por los daños causados en 30.0000 y 35.000 euros. Mientras que a cada uno de los tres hermanos de la víctima, les pagará 20.000 euros. A ellos tampoco podrá acercarse a menos de 500 metros ni comunicarse durante diez años después del cumplimiento de la prisión. El acuerdo ‘in extremis’ frena así la elección del jurado popular, cuyo sorteo ya había comenzado puesto que el juicio había sido señalado para el lunes.