Crimen de Coia: la fiscal lo considera una "ejecución" y la defensa apela al "sentidiño"

La Fiscalía mantuvo ayer el órdago en la última sesión del juicio con jurado contra José Luis M., por la muerte a tiros del que había sido su amigo, Francisco Javier, a las puertas de su vivienda en Coia. La representante del Ministerio Público, en un alegato firme, mantuvo con contundencia la tesis del asesinato con alevosía sin posibilidad de otra opción. En su intervención, aseguró que el acusado “tenía intención de matar”. Es más, que “estaba esperando a la víctima” y lo “ejecutó”. Lo hizo, dijo, “consciente" de lo que hacía y cuando Francisco “estaba agachado sin posibilidad de defenderse, por el primer disparo. Después, se quedó ahí y lo remató. Tomó una decisión, la de ‘me lo quito de encima’".

Basó su relato en el arma utilizada, la zona del cuerpo a la que dirigió el disparo (zona riesgo vital) y la distancia, según los forenses y los peritos de criminalística, se efectuó a menos de un metro del cañón, así como la disposición de la escopeta, vertical.

Señaló que había una relación de enemistad y que tenía la escopeta guardada, esperando a utilizarla contra Francisco. Aunque sí afirmó que no hay duda de que la víctima acudió a la vivienda con un machete, no lo utilizó. “Nadie vio que lo usara, no se escucharon gritos y tampoco había marcas de un ataque ni en la puerta ni en el cuerpo del acusado. No había nada de qué defenderse", añadió mientras incidió en que “fue desproporcionado el uso de la escopeta" e insistió en que podía haber cerrado la puerta y llamar a la Policía.

Además, señaló que manipuló la escena del crimen al arrastrar el cuerpo y que no confesó al mentir a la Policía y seguir mintiendo hasta que supo que le habían descubierto, “solo buscaba un beneficio”.

La acusación particular mantuvo un relato similar, aunque sí introdujo el gris en este caso de aparente blanco o negro, al solicitar subsidiariamente (si no queda demostrado el asesinato) el homicidio. No obstante, el abogado que representa a la familia explicó a los miembros del jurado que “no se trata de juzgar si José Luis es buena o mala persona” por lo que afirmó “no se puede empatizar, ni emocionalizar el caso”. Además, recordó que José Luis se dedica al tráfico de drogas y eso podría haber influido en el temor de algunos testigos.

La defensa cerró el turno de intervenciones. Si inicialmente pidió la absolución por miedo insuperable, también introdujo la legítima defensa. Explicó al jurado que en caso de duda, siempre se debe adoptar una decisión favorable al reo.

El abogado incidió en que si bien es indudable que su cliente mató a Francisco, “no se ha probado nada más”. A su juicio, no hubo alevosía, “si la víctima iba a casa de José Luis con las mejores intenciones por qué llevaba un machete y una barra de hierro”, se preguntó. Aludió a los antecedentes “de violencia, y los mensajes amenazantes” por parte de Francisco y señaló que, frente a lo que sostienen las acusaciones, “si hubiera tenido intención de matarlo no habría pegado primero un tiro al suelo, intimidatorio", “lo hizo ante un inminente ataque” y recordó que “no tiene que haber agresión para la legítima defensa”. Así, recordó cómo todos los testigos coincidieron en que era una persona muy protectora de su madre y que temió por ella. El letrado apeló al “sentidiño” del jurado, al que se dirigió con una última cuestión: “¿Si quisiera asesinarlo, lo haría en su propia casa?”

El acusado insiste: “Le tenía cariño, no quería matarlo"

José Lui M. cerró el juicio al hacer uso del derecho a la última palabra. No cambió apenas una coma de su declaración del día anterior. Volvió a lamentar lo ocurrido, “lo siento mucho” y “siento el daño que le estoy causando a la familia”. Aseguró, que a Francisco “le tenía cariño, no quería matarlo". Sí añadió que “si hubiera sido al revés, estoy seguro de que mi familia ni siquiera hubiera ido a mi entierro” y repitió como en la jornada anterior que “espero que lo que me pase en prisión sirva de algo a la familia”.

Fue la última frase con la que la magistrada ponente dio por concluida la sesión del juicio, para a continuación instruir a los miembros del jurado sobre el objeto de veredicto que tendrán que elaborar una vez termine su deliberación, que comienza hoy.

El acusado se enfrenta a una máxima pena de casi 23 años, que es lo que le pide la acusación particular, un año más que la Fiscalía, por los delitos de asesinato con alevosía y tenencia ilícita de armas. Respecto a este último delito, nada que discutir. No tenía licencia y la escopeta estaba considerada como arma prohibida al tener borrado el número de serie, lo que dificulta su identificación. José Luis había explicado que quien anda en el tema de drogas tiene una arma, por “si acaso” y que sabía que la víctima tenía también una pistola. El acusado lleva en prisión provisional desde abril del año pasado, cuando fue detenido.

El jurado popular, ante una tarea compleja

Los siete hombres y dos mujeres del tribunal popular se enfrentan a un caso especialmente complejo tras un juicio en el que no han realizado preguntas.

El “meollo” de la cuestión, como dijo la fiscal, es si el acusado tenía intención de matar y si lo hizo con alevosía, es decir sin que la víctima tuviera posibildad alguna de defensa, aunque fuera con un machete. Se trata de estudiar todas las pruebas de una parte y otra para discernir este hecho y además si se considera o no confesión el reconocimiento de los hechos por parte del acusado. Las acusaciones dicen que no, aunque es una atenuante que se aplica con mucha frecuencia en las conformidades (en este caso no hubo). Que mintió hasta que ya no pudo hacerlo y que además aunque no hubiera dicho dónde escondió el arma, lo habrían encontrado en el registro. La defensa, por su parte, asegura lo contrario. Afirma que la confesión se tiene en cuenta antes de que se inicie el procedimiento judicial y que su cliente reconoció los hechos cuando estaba detenido pero sin una causa abierta todavía. Matices jurídicos demasiado sesudos para quien no ha estudiado leyes. Pero la Ley del Jurado es así. Y el abogado de la acusación particular, que se mostró abiertamente defensor del sistema, así lo respaldó: “El pueblo debe juzgar al pueblo”. Otra cosa será si los elegidos por sorteo serán capaces de traducir la jurisprundencia del Supremo argumentada sobre la proporcionalidad de medios empleados.