Condenados al peaje hasta 2048

Ni la presión social, ni política. Ni siquiera las advertencias llegadas de forma insistente desde la Comisión Europea han valido para que el Gobierno dé marcha atrás y elimine el peaje en la AP-9, que de momento seguirá hasta 2048, con el aumento de todos los años. Bruselas recordó a España que las dos prórrogas concedidas violaron las normas de competencia y, por tanto, no son legales. Pero no ha habido forma: el Gobierno se enroca en su “no” y anunció desde el Congreso en que "no es viable" la liberación de la AP-9 por "el altísimo volumen de gastos que ello supondría", alertando de que tendría "efectos claros lesivos" para el Estado. No los cifró, aunque el ministro Óscar Puente llegado a valorar en más de 4.000 millones el pago. La Xunta lo reduce a 1.500 millones.

El Gobierno señala a Aznar, por haber dado la segunda prórroga a Audasa -la primera la concedió Felipe González- y de ahí no se mueve: "Como sabe, la situación actual de la autopista AP-9 se explica en toda su amplitud en una serie de decisiones adoptadas en los años 2000 y 2003 que, por motivos de índole jurídica y económica, son muy complejos de revertir", aseguraron desde el Ministerio de Transportes. La autopista está sujeta a un contrato concesional en vigor con una duración total de 75 años y con unas tarifas establecidas "que deben cumplirse": “No es viable proceder al rescate de la concesión por el altísimo volumen de gastos que ello supondría inasumible por la Administración”, zanjó. Así que salvo cambio de Gobierno o de opinión, los gallegos seguirán pagando más que nadie por circular por el interior de la comunidad.

Audasa, empresa que ahora pertenece a dos fondos de Suiza y Países Bajos, recibió al menos una mala noticia, cuando el Tribunal Supremo enmendó a la Audiencia y avaló el recurso de casación presentado por el Ministerio Fiscal, condenando a la concesionaria a devolver a los usuarios de la AP-9 lo aportado durante 81 incidencias en las obras de construcción de la ampliación del puente de Rande, desde febrero de 2015 a junio de 2018, con continuos parones y atascos. De ese período es la reclamación a través de una denuncia de la asociación de consumidores En Colectivo y la acción del Ministerio Fiscal que finalizó en una sentencia del Juzgado Mercantil, que consideraba “abusivo” el pago cuando la autopista estaba colapsada. El fallo fue recurrido en la Audiencia, que dio la razón a Audasa. Hasta que el Supremo zanjó el asunto. Los afectados durante las fechas y franjas horarias señaladas tendrán que presentar el recibo del peaje o extracto del telepeaje y acreditar las cantidades concretas abonadas por peajes en esos tramos. Audasa amenaza con ir al Constitucional. La batalla continúa.