El Concello de Vigo y Aqualia ganan a la Xunta el juicio por la calidad del agua

La gestión de los efectos de la sequía de 2017 y 2018 abrió un nuevo frente entre las administraciones, que llevó al Concello y a la Xunta a un litigio en los tribunales por 24.200 euros en multas impuestas desde el Gobierno gallego. Ayer se dio a conocer la sentencia del Contencioso Administrativo número 1 de Santiago que da la razón al gobierno local.

Sin entrar en el fondo de la cuestión, estima el recurso por “haber omitido el trámite de audiencia en relación de la propuesta de resolución convirtiéndolo en papel mojado y ello con el simple objetivo de evitar la caducidad del procedimiento”.

Al no ponerse de acuerdo sobre las competencias en el proceso de saneamientos y abastecimiento, la Xunta cuestionó el proceso seguido por el Concello y por la empresa concesionaria Aqualia, a la que le impuso cuatro sanciones (tres tipificadas como graves y una leve) por la cantidad arriba mencionada. Sancionaba así lo que consideró la falta de colaboración con el control de los inspectores farmacéuticos de salud pública, los incumplimientos reiterados tanto de los requerimientos específicos de la jefatura territorial de Sanidad como en la aplicación de medidas correctoras que no garantizaron la potabilidad del agua de consumo, además de la realización de los análisis de control en un laboratorio no acreditado.

“Es una sentencia durísima que reconoce abuso de poder de la Xunta contra Aqualia y el Concello, un proceso dictatorial que mete multas porque le da la gana”, valoró Abel Caballero, que recordó que “Feijóo decía estar preocupado por la baja calidad del agua que sale de la potabilizadora; falso, falso y falso, la Xunta ha denigrado a esta ciudad”.

El regidor recordó que entonces el conselleiro responsable era Jesús Vázquez Almuiña, “le premiaron esta acción con el Puerto de Vigo”. Le acompañaba al frente de la delegación territorial de la Xunta en Vigo, Ignacio López Chaves.

Incidió en que es una sentencia firme, a la que no cabe recurso, “cinco años después los tribunales nos dan la razón, otra vez; ¿quién nos resarce ahora de esta difamación? ¿Feijóo? Se va”, aseguró, reclamando una reparación.

En abril de 2018, la Consellería de Sanidade inició este procedimiento sancionador, según justificó, “al detectar reiteradas deficiencias en el control del Laboratorio Municipal del agua en el grifo del consumidor, atribuida en la ley a los ayuntamientos” y “por incumplimientos en la calidad del agua que no le fueron comunicados”.

Aportaron como prueba ante la opinión pública, los boletines del Laboratorio Municipal que revelaron hasta 24 analíticas que en los últimos dos años califican el agua como no apta y otras 31 bajo la clasificación de apta con no conformidad, “sin que se haya informado a la autoridad sanitaria de estos resultados”, apuntaron en aquel momento en rueda de prensa, hecho que les motivó a tomar una acción sancionadora.

Para la Consellería, las competencias estaban claras y mantenía entonces que la gestión del abastecimiento le corresponde al gestor del servicio; sin embargo, el control en el enganche del consumidor ya es competencia del Concello. Cuestionada por Atlántico, desde la Xunta declinaron hacer una valoración de la resolución de la sentencia que determina que la administración autonómica omitió el perceptivo trámite de audiencia y con ello, la condena a pagar las costas del auto.

El gobierno local destina 5.500 euros al Saladino Cortizo

En la agenda municipal del alcalde recogió ayer una visita al Centro de Educación Especial Saladino Cortizo, que ya cuenta con un columpio adaptado para su disfrute con silla de ruedas. Valorado en 5.500 euros, fue costeado por el Concello. El regidor felicitó a la comunidad educativa del centro por sus 50 años de trayectoria: “Por el trabajo especial, tanto profesional y técnico, como en la dimensión humana”. Además distinguió tanto al profesorado como al alumnado “por el cuidado de las instalaciones y el altísimo nivel de atención a los menores”.

Caballero fue entrevistado por los alumnos, visitó la huerta, así como los talleres de madera y peluquería. En su visita recogió las necesidades adiconales del centro y aprovechó para recordar que “todo lo que hacemos aquí es competencia de la Xunta, que ni está ni se le espera para atender a esta ciudad”.

Visto bueno a la tramitación inicial del Plan General

El Concello recibió en la misma jornada un segundo parabién de los tribunales. El Contencioso Administrativo número 2 de Vigo avaló su actuación en la tramitación del PGOM. Desestimó el recurso presentado por un particular en el que denunció la aprobación inicial del Plan por el pleno de la corporación pese a presentar irregularidades como “que algunos planos e informes no están firmados, carecen de fecha, se remiten a contenidos inesistentes, no abordan todas las cuestiones que debieran o muestran contradicciones entre la documentación que integra el expediente administritivo”. “Recurrió el acta de aprobación por defectos en la tramitación, lo mismo que decía el Partido Popular y una asociación de vecinos; los tribunales no dieron la razón, desestimando los recursos e impuntándole las costas del juicio”, celebró el alcalde.

Asimismo, el Contencioso Administrativo número 1 de Santiago falló la misma sentencia, en esta ocasión a favor de la Xunta, también denunciada por el mismo demandante.