Audasa se hace de oro con la AP-9: más de 100 millones de beneficio en 2025

La AP-9 aumenta sus cifras y beneficios, pese a contar con un dictamen de la Comisión Europea que cataloga de ilegal la prórroga concedida para su explotación. Según su cuenta de resultados de 2025, presentada ayer, el tráfico rompió su techo histórico de 2007 para alcanzar los 27.839 IMD (Intensidad Media Diaria). Lo consigue tras crecer en un 5% con respecto al año anterior. Así, supera los 100 millones de beneficio neto y los 228 millones de recaudación. Otros dos récords históricos más. 131 de esos millones fueron aportados directamente por los usuarios y los 96 restantes, por bonificaciones y peajes en la sombra pagados por las administraciones. Unos resultados que bañan en oro a Autopistas del Atlántico, con una explotación que se escapa de la legalidad.

En la presentación de resultados de 2025, Audasa presume de inversión en la seguridad de trazado. El año pasado destinó 11,2 millones de euros en el mantenimiento y mejora de la infraestructura, así como la instalación de hasta 74 puntos de recarga ultrarápida para vehículos eléctricos. Además, menciona su paridad en la contratación del personal, con un 50% de mujeres en nómina, y el descenso de reclamaciones en un 11% en un año.

Hace 18 años que no se alcanzaban cifras tan altas en el tráfico movilizado. La dificultad de transitar por carreteras convencionales en el Eje Atlántico obliga al uso de la AP-9, alcanzando su intensidad media más alta en 2007, en un contexto de bonanza económica. Desde la pandemia, la cifra de usuarios fue aumentando, en parte gracias a las bonificaciones ofrecidas por parte del Gobierno, que comenzó a financiar de forma íntegra viajes de regreso si se realizaban en un periodo de 24 horas. Coste que, aunque no soportaba el usuario final, sí ingresaba en las cuentas de Audasa. Al igual que el peaje en la sombra de Vigo-Morrazo (el paso por el puente de Rande), que aportó beneficios a la concesionaria de la autopista por valor de 13 millones de euros.

Todo ello con un dictamen europeo en su contra que, de momento, parece no pasarle factura. En julio del año pasado la Comisión Europea dictaminó que la prórroga alcanzada por Audasa incurrió en una ilegalidad al no ser adjudicada con transparencia y mediante un sistema de licitación pública. Una prórroga que se alargó hasta el año 2048. Esto indignó a usuarios y transportistas, que vieron como el trayecto de Tui a Ferrol seguía sin ser gratuito, mientras se recuperaban otras autopistas por la geografía española. A raíz de ello, la plataforma de usuarios vigueses En-Colectivo, bajo la voz de Diego Maraña, presentó una demanda a las instancias europeas para revocar una decisión favorable a Audasa. Esa querella salió adelante, y obligará al actual gobierno a mover ficha para anular esa prórroga ilegal. De momento, se ha interpuesto un recurso contra el fallo europeo, alargando más la solución para los usuarios.

Dos varapalos seguidos: la explotación ilegal y el cobro a usuarios por obras en Rande

Audasa toca techo en beneficios y afluencia, pero eso no quita que haya sufrido en el último año dos contundentes varapalos que cuestiona la forma de operar del grupo Itínere, compuesto por el fondo de pensiones holandés APG y entidades aseguradoras suizas. El primero, un dictamen de la Comisión Europea que señalaba la ilegalidad de la prórroga concedida en el año 2000. Eso permitirá (en cuanto finalice el recurso interpuesto por el gobierno actual y que alarga el trámite aproximadamente 5 años) que pase su resolución al Tribunal de Justicia y que un juez determine cómo se alcanzará la gratuidad. En el caso más probable, con una indemnización fijada para Audasa. Más beneficio de algo ya considerado ilegal.

El otro revés sufrido, más reciente, fue la sentencia del Tribunal Supremo que los obliga a devolver el pago de 81 días de obra a usuarios y transportistas. Entre febrero de 2015 y junio de 2018 se acometió la ampliación del puente de Rande, que mejoraba el firme, los accesos y añadía un carril más de circulación en cada lateral, para mejorar el tránsito de viajeros. Estas obras fueron una ‘pesadilla’ para conductores en días señalados, donde se vivieron episodios de largos atascos kilométricos y una falta de seguridad alarmante. Eso no pareció incomodar a Audasa, quien no solo no aplicó ninguna garantía en la circulación, sino que continuó con el cobro íntegro del peaje pese a que su servicio estaba seriamente mermado.

Por ello, el Tribunal Supremo dictaminó que el fondo deberá restituir el importe cobrado en concepto de peaje a todos aquellos usuarios y transportistas que, durante los días señalados, presenten un recibo o el extracto del telepeaje. La sentencia se basó en la nula información de Audasa al usuario en el momento de realización de las obras sabiendo que podría afectar de forma notable a la circulación.