Diego Maraña: “Audasa gana un 40% de rentabilidad con la AP-9, eso no sucede en ninguna empresa del mundo”

El abogado vigués Diego Maraña es el presidente de la asociación de usuarios En-Colectivo no oculta su satisfacción por el dictamen europeo que señala como ilegal las prórrogas concedidas a la concesionaria Audasa por los peajes de la AP-9. Una resolución derivada de una denuncia interpuesta por la propia asociación hace seis años y que, tras un procedimiento lento, por fin salió en su beneficio.

¿Se puede decir ya que la AP-9 está cerca de su liberalización?

Evidentemente. No es que esté cerca, es que si el Gobierno quiere, tendríamos el inicio de un expediente de anulación a corto plazo. Eso es lo que está comunicando la Comisión Europea. Pero tenemos una posición por parte del Gobierno que perjudica a los gallegos, porque hasta ese dictamen, sus últimas opiniones eran esperar a la resolución para tomar una decisión al respecto. Cuestionaban si el dictamen sería o no motivado o se archivaba la denuncia. Ahora, ya tenemos un dictamen y las primeras declaraciones del Gobierno es oponerse. Todos los gallegos tenemos que preguntarnos el porqué de esto. Galicia es una región aislada, donde siempre llevamos la peor parte, y estamos hablando de la única comunicación que existe de norte a sur. Una alternativa por carretera nacional es inviable. Nos obligan a pagar una autopista hasta 2048 porque exclusivamente el Gobierno quiere. Tiene en sus manos la posibilidad, asumiendo el contenido del dictamen, para que se pueda iniciar el procedimiento de anulación de la autopista.

¿En cinco años se pagarán peajes?

Hay dos caminos. Uno, que en dos meses se inicie el expediente de anulación de la autopista. Eso es algo inmediato. O dos, que el Gobierno se oponga y obligue a la Comisión Europea a acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y eso va a dilatar el proceso 4-5 años. A esa hay que sumarle el periodo para que el expediente de anulación de la ampliación se ejecute y se lleve a buen término. Pero lo importante es que el dictamen está ahí, que marca una obligatoriedad y que de ahí no se va a poder escapar.

Ese procedimiento de anulación, ¿conlleva una indemnización a Audasa pese a ser declarada ilegal la prórroga?

Será un tema de negociación entre las partes, a efectos de la propuesta del Gobierno, no a efectos de aceptación por parte de la concesionaria. Y si no, acabará en un juzgado. Es evidente que la concesión debe recibir una indemnización, porque ha hecho un acuerdo con la administración, que no lo ha realizado bien. Por tanto, tiene el derecho de exigir un pago por daños y perjuicios. Pero es necesario matizar la cuantía. El ministro de Transportes habló inicialmente de 2.000 millones. Después, habla de 4.000. Otro día, dice 6.000. No veo un fundamento técnico de esas cantidades desorbitadas, son astronómicas. Es como si mañana, sale a decir que el rescate cuesta 10.000 millones de euros. Es un baile de cifras sin ningún sentido.

¿Y cuál sería el precio según Diego Maraña?

Para empezar, el Gobierno justifica que esas cuantías suponen un quebranto económico. Hay que recordar que hay un estudio por parte de la Universidad de A Coruña que cifra la indemnización en torno a los 2.200 millones de euros. Es una cantidad que nosotros vemos que puede ser factible. Otro estudio de la Xunta dice que se puede situar en una horquilla entre los 1.600 y 2.500 millones de euros. Pero lo que no hay es ningún documento que hable de 6.000 millones. Parece que la justificación de oponerse del Gobierno a raíz de un posible quebranto económico es irreal. La cantidad es muy inferior. Ya se comunicó en la primera carta de emplazamiento que el coste del rescate siempre sería inferior al coste que supone el pago de los retornos de los peajes y el pago del peaje en la sombra. Esas cantidades pueden rondar los 5.000 millones de euros hasta 2048. Además, ¿Qué más da el dinero si hablamos de cumplir la legalidad?.

El Gobierno cuenta con dos meses para iniciar la anulación o recurrir el dictamen. Ya indicó que valorará todas las posibilidades.

El Gobierno, cuando vendió la autopista, hizo caja. Ingresó un dinero. Sigue desde el año 2013 recaudando un IVA de la autopista que son ingresos para las arcas del Gobierno. Esto da para reflexionar. Estamos viendo que el Gobierno va a permitir, si recurre, que los gallegos paguemos unos peajes siendo conocedor que la ampliación de la autopista es ilegal. Eso es increíble que esté pasando.

Audasa ha reportado beneficios récord en el último año. ¿Es la principal beneficiada?

Esta autopista lleva 52 años vigente, cuando una concesión administrativa tiene un plazo de 40. Todas las concesiones se amortizan al 100% en ese periodo de tiempo. Pero en la AP-9, en más años, solo se ha amortizado el 30%. ¿Esto qué significa?. Que los resultados de beneficio que tiene esta concesión son elevados porque está dejando la amortización para los últimos años. Eso lo va a ver un juez cuando llegue la indemnización y la cuantía va a bajar mucho. Audasa ingresa 40 euros de beneficio neto por cada 100 euros. Hablamos de una rentabilidad del 40%. Eso no sucede en ninguna empresa del mundo. Entonces, el gobierno está permitiendo que un fondo de inversión externo se lucre del coste ilegal que supone para los ciudadanos el pago de esa autopista. Basta ya de que los gallegos siempre sean los perjudicados en cualquier política a nivel nacional.