La UE descarta mantener la concesión a Audasa en la AP-9

AP-9

Bruselas descarta las quejas del Gobierno y solo contempla acabar con el peaje o convocar un nuevo concurso para adjudicar la gestión de la autopista gallega

Publicado: 29 ago 2024 - 10:38 Actualizado: 30 ago 2024 - 08:40

El tramo entre las dos orillas de la Ría, el de mayor tráfico en la autopista AP-9.
El tramo entre las dos orillas de la Ría, el de mayor tráfico en la autopista AP-9.

Anular la concesión de la empresa Audasa hasta 2048 y acabar con el peaje o anularla y poner en marcha una nueva licitación de la AP-9 son las dos únicas opciones que da la UE a España. No hay más. Lo que no significa que el Gobierno no tenga otras salidas: una, la más probable, como ayer explicaba Diego Maraña, presidente de En-Colectivo, la asociación que presentó la demanda ante Bruselas por las dos prórrogas concedidas por sendos gobiernos a Audasa, es que el Ejecutivo lleve el asunto al Tribunal de Justicia comunitaria, lo que supondrá alargar durante años -cuatro o cinco más- la resolución del asunto.

Lo que ha quedado claro es que la Comisión Europea no está dispuesta a aceptar los argumentos esgrimidos por el Gobierno de España -tanto en un primer informe como en el segundo, remitido hace unos días en respuesta a una segunda carta de emplazamiento- para defender la prórroga de la concesión de la autopista AP-9, al entender que dicha decisión se adoptó para valorizar la infraestructura de cara a su privatización, y que no es aplicable la excepción “in house” defendida por el Ejecutivo español.

Los responsables europeos expresaron su esperanza de que España renuncie a mantener como justificación esa excepción `in house` (aplicable cuando la decisión se toma de manera interna por un poder público, sobre un servicio público, como era en ese momento la AP-9). Al respecto, la Comisión insiste en que el Gobierno (en el año 2000, presidido por José María Aznar) amplió la concesión, sabedor de que, poco tiempo después, iba a vender la autopista, para aumentar su valor. Por tanto, entre las alternativas posibles, está sacar a concurso una licitación de la concesión o bien negociar con la empresa que explota la autopista (Audasa) una rescisión del contrato, una opción que el propio ministro español de Transportes, Óscar Puente, ha descartado por el elevado coste que supondría para las arcas públicas (que cifra ahora en unos 4.000 millones o incluso 6.000 con la transferencia a la Xunta).

Desde el Gobierno se mantiene que la situación es fruto de una "herencia envenenada" del PP y que, en ese sentido, el Ejecutivo puede alegar estar indefenso porque "ellos no tomaron esa decisión". En todo caso, los socialistas gallegos no comparten la prórroga acordada por el gobierno de Aznar, una "decisión nociva" para Galicia, aunque matizando que defienden "que se respete el derecho comunitario".

En todo caso, reconocen que solo hay dos vías posibles, o bien un rescate o bien licitar nuevamente la concesión, aunque un europarlamentario gallego socialista reconocía que esta segunda opción, "no gustaría" en Galicia. Por su parte, el PPdeG, a través de su secretaria, Paula Prado, criticó la falta de "seriedad y rigurosidad" respecto al traspaso de la AP-9 por parte del Gobierno, al que ha pedido "más transparencia". "Vimos cómo el ministro Óscar Puente decía que este traspaso supondría 2.000 millones de euros, después dijo 4.000 y la última cifra que dio son 6.000 millones de euros. Por tanto, no es creíble, no nos parece serio y no nos parece riguroso", criticó, pidiendo que el PSOE “cumpla su palabra”, cuando anunció que caería el peaje.

Diego Maraña: "Esto lo ganamos"

Diego Maraña, de En-Colectivo, es moderadamente optimista: “Estamos en el momento de que esto lo ganamos”, señalaba ayer. Destacó que Bruselas le dice al Gobierno que no vale la cláusula “in house” y se mostró sorprendido porque el Ejecutivo alega que está en indefensión e inseguridad jurídica ante la UE y que no puede aplicar la anulación de la concesión de la AP-9 por una cuestión económica “cuando la Comisión Europea solo aplica la legalidad. Francamente, es preocupante para los gallegos”. Recuerda que la concesión a Audasa está generando un beneficio del 40% “y el Estado dice que hay que mantener el peaje hasta 2048. Pasa en Cataluña y en 2019, tras la denuncia ante la UE, se acaba el problema”. Con todo, cree Maraña que “está en camino de finalizar. O gratis ya o seguir mareando en el Tribunal de la UE seis años”.

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