Alertan de la situación judicial del Tribunal de Ponteareas

Los problemas de sobrecarga judicial no solo afectan al Tribunal de Instancia de Vigo, sino que se extienden más allá del partido central del área. Ponteareas, que ya dio la voz de alarma este año cuando se quedó fuera en creación de plazas, vuelve a estar en el punto de mira.

El próximo 23 de septiembre será la inspección del Consejo General del Poder Judicial la que se traslade a este tribunal para revisar su estado, pero el sindicato CIG ya ha trasladado a la Inspección de Trabajo las denuncias realizadas ante Xustiza por la sobrecarga de trabajo, la falta de personal y el deterioro del clima laboral.

Según informó ayer el sindicato, en junio pasado se solicitó un informe psicosocial al Comité de Seguridad y Salud sin que “a día de hoy se haya realizado”. La CIG recoge que la elevada carga de trabajo, además de por falta de personal, se ve agravada por la demora en la cobertura de bajas, llegando a producirse jornadas maratonianas de doce horas.

Dicha falta de personal también afecta a la judicatoria, con la ausencia de un juez que obliga a una jueza a asumir simultáneamente dos plazas. Así, reclama a Xustiza que cumpla y realice un informe psicosocial.

A este respecto desde la Consellería de Xustiza se aseguró que el Tribunal de Instancia de Ponteareas tiene toda la plantilla completa y sin bajas, mientras que el informe psicosocial se está valorando a la vista de la información existente.

La CIG también asegura que una única funcionaria está encargándose de la atención y redirección de las llamadas telefónicas y que solo una funcionaria lleva el decanato, haciendo recaer estas tareas sobre el resto de personal cuando se encuentra ausente o de vacaciones. Desde Xustiza quisieron aclararar sobre estos últimos aspectos que “la Dirección Xeral es ajena a la distribución del trabajo en la oficina judicial, ya que está fuera de su competencia”.

El sindicato consideró que no sirve de nada que una inspección detecte carencias y proponga soluciones si posteriormente la Administración no las ejecuta y confía en que refuerce el personal en Ponteareas, realice el informe psicosocial y aplique las medidas que determine la inspección del CGPJ.