Lola Santana: “Sálvora necesitaría un concierto social para apoyar a más personas con discapacidad”

La Fundación Sálvora tiene una trayectoria de 35 años de trabajo en favor de las personas con discapacidad, en concreto proporcionando los apoyos necesarios para que puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. El año pasado atendieron a 69 personas con discapacidad intelectual, autismo, parálisis cerebral y síndrome de Down. Su equipo humano está formado por una educadora social, dos integadores socailes, una trabajadora social, uan gerente, dos abogados colaboradores y una red de voluntariado. La entidad asegura que la demanda de atención está creciendo y que necesita una financiación estable para poder atender a todas las personas que lo solicitan. La gerente, Lola Santana, es abogada.

¿Con qué objetivos nació la Fundación Sálvora?

La Fundación Sálvora nació en 1990 con la finalidad de ser una fundación, una persona jurídica que se encargase de lo que eran antiguamente las tutelas de las personas con discapacidad que se incapacitaban judicialmente y ofrecer un recurso para aquellas personas que no tenían una familia o personas allegadas que pudieran encargarse de esa tutela.

¿Cómo cambió la tarea con el cambio legislativo de 2021 que apostó por una mayor autonomía de estas personas?

La ley 8/2021 fue la que supuso la supresión de las incapacitaciones judiciales. Ahora hablamos de un sistema de medidas de apoyo que tiene que ser como un traje a medida para las personas con discapacidad para apoyarlas en el ejercicio de su capacidad jurídica. Todos tienen capacidad jurídica y lo que requieren son apoyos para tomar sus propias decisiones. Fundamentalmente esos apoyos tienen que basarse en su voluntad, deseos y preferencias. Es lo que marca ahora nuestro Código Civil, pero sí que es cierto que la Fundación Sálvora lleva apostando por esa filosofía prácticamente desde que se constituyó.

¿A cuántos usuarios atienden? ¿Crece la demanda?

Sí, en 2025 se atendieron a las medidas de apoyo de 69 personas, principalmente curatelas que se establecen a través del juzgado, del procedimiento de medidas de apoyo o de revisiones de sentencias de incapacitación previas y también de medidas voluntarias. El nuevo sistema está impulsando que la propia persona con discapacidad, si puede, establezca sus propias medidas de apoyo y quien quiere que sea el que le preste apoyos. En cuanto al número de personas ahora mismo son 69 medidas de apoyo y tenemos alrededor de 12 solicitudes, solo de este año, que nos suelen llegar por un lado del propio juzgado, de fiscalía o de otras entidades y luego, por otro lado, con el servicio de asesoramiento también nos llegan muchas familias con la preocupación de cuando ellos falten el día de mañana qué va a ser de sus hijos o hijas, entonces muchas ya establecen en su testamento que el día que fallezcan o que ya no puedan prestar los apoyos a sus hijos sea la fundación quien se encargue.

¿Pueden resolver todas las peticiones que tienen?

Se ve un poco comprometido, por ejemplo el año pasado ya se aceptaron siete medidas nuevas, estamos pendientes de los procedimientos judiciales de otras personas y cada día nos llegan más solicitudes.

¿Cómo se financia la fundación?

Al ser una entidad sin ánimo de lucro, su soporte principal es la financiación pública a través de subvenciones y ayudas de las administraciones públicas, principalmente de la Consellería de Política Social e Igualdad, pero sí que es cierto que con los recortes y la situación actual, por ejemplo los salarios aumentan, las necesidades, el gasto en general de las personas apoyadas y del propio funcionamiento de la fundación resulta más caro y sí que se ve comprometido a la hora de aceptar nuevas medidas de apoyo. Necesitamos una estabilidad económica, porque al final las medidas de apoyo suelen ser para toda la vida en la mayoría de los casos o por un periodo largo de tiempo, por lo que tenemos que asegurar que tenemos los recursos humanos y financieros suficientes para poder dar un servicio de calidad y que lleguemos a todo.

Necesitan una financiación más estable y menos dependiente de subvenciones. ¿A qué aspiran?

Nos gustaría que fuese a través del modelo del concierto social, como tienen muchos centros residenciales o centros de día. Es una forma de contrato público que se establece en base a plazas. Al final esto no deja de ser un servicio que se le da a una persona con discapacidad con la misma importancia que puede tener un centro residencial, por ejemplo, y es necesario que en función del número de personas los ingresos sean acordes.

¿Cómo es la relación con los juzgados?

El nuevo sistema de medidas de apoyo ha supuesto una carga de trabajo a los juzgados y tribunales enorme, que sumado al retraso genérico que había nos lleva a que haya demoras en la adaptación de las sentencias de incapacitación a los nuevos sistemas de medidas de apoyo. Es algo que también le pasa a muchas familias de personas con discapacidad, aún no están adaptadas todas esas sentencias y todavía hay mucho trabajo. Es cierto que hay muchos juzgados que son muy colaboradores, nosotros también siempre intentamos colaborar cumpliendo todas las obligaciones que tenemos, una medida de apoyo también supone hacer inventarios, rendiciones anuales de cuentas, informar de la situación de la persona, pedir autorizaciones judiciales cuando son necesarios y puede también depender un poco del tribunal en el que se está llevando el procedimiento, la relación puede ser más fluida o no, pero bueno, también es achacable al retraso que hay. Se había establecido un plazo para adaptar las sentencias a 2024, pero no dio tiempo y hubo que ampliar el plazo seis años más.